Llama a revisar criterios judiciales que pueden limitar la fiscalización local
Resolución de la justicia federal entregó investigación estatal a la FGR
El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Chihuahua llamó a reforzar la coordinación entre instituciones locales y del país para evitar que recientes criterios judiciales limiten las capacidades locales de fiscalización y combate a la corrupción.
Lo anterior con relación a la resolución dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, dentro del conflicto competencial 20/2025 por la atracción de la carpeta de investigación que la Fiscalía Anticorrupción lleva contra el exgobernador J.C.J. y se dictó fuera atraída por la Fiscalía General de la República (FGR).
El Comité Coordinador advirtió una confusión en los conceptos abordados y observa que estas disposiciones no regulan el régimen jurídico de las participaciones federales, sino el de recursos federales etiquetados, lo que resulta relevante, ya que la causa penal analizada se relaciona expresamente con participaciones federales y advierte que la resolución centra su razonamiento en la supuesta naturaleza federal de las participaciones, sin desarrollar un análisis específico sobre el cumplimiento de los requisitos legales para el ejercicio de la facultad de atracción por parte de la Fiscalía General de la República.
Consideró necesario que los órganos jurisdiccionales profundicen en el análisis y revisión de los criterios adoptados, a fin de evitar que interpretaciones basadas en marcos normativos no aplicables a las participaciones federales generen efectos que debiliten, de manera indirecta, las capacidades locales de control, fiscalización y sanción que han sido esenciales para el funcionamiento de los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción y los Sistemas Nacional y Locales de Fiscalización.
El Comité Coordinador del SEA Chihuahua es presidido por el Comité de Participación Ciudadana e integrado por la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Fiscalía Anticorrupción, desde donde se hizo el llamado para analizar las implicaciones que la resolución.
El posicionamiento se hizo dentro de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador organizados para exponer el posicionamiento público y dirigido al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, al Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y a los Comités Coordinadores de los Sistemas Estatales Anticorrupción del país.