Por Daniel Zovatto, director y editor de Radar Latam 360
El problema del llamado “Modelo Bukele” es que más allá de la seducción que su modelo de “populismo punitivo” genera, dicho modelo no es fácilmente exportable sin replicar, al mismo tiempo, su arquitectura de poder.
Y esa arquitectura descansa en algo más que en la mano dura.
Para que funcione —y hasta ahora ningún otro país ha logrado resultados similares a los de Nayib Bukele en El Salvador— se requiere una concentración casi total del poder político en el Ejecutivo. A ella debemos agregar el tamaño pequeño del El Salvador, y el hecho de que la ofensiva de Bukele haya sido mayoritariamente en contra de las maras y no los grandes carteles del narcotráfico.
Además, en el caso salvadoreño, el presidente no solo dispone de mayoría calificada en una Asamblea Legislativa unicameral que le permite hacer cualquier tipo de reforma legal y constitucional que desee; también ejerce un control decisivo sobre el poder judicial, la Fiscalía General y la Sala de lo Constitucional, que opera como una suerte de corte constitucional capaz de reinterpretar la Carta Magna según las necesidades del mandatario. Fue esa misma Sala la que habilitó una reelección que la Constitución originalmente prohibía y la que avaló, posteriormente, reformas que abrieron la puerta a la reelección indefinida. El andamiaje institucional ha sido progresivamente reconfigurado para alinearse con el proyecto presidencial.
A ello se suma la vigencia ininterrumpida del estado de excepción desde hace más de tres años, con miles de detenciones, denuncias de arbitrariedades y serios cuestionamientos por violaciones a derechos humanos y a la libertad de prensa, unido a la persecución de defensores de derechos humanos — algunos de ellos presos—y periodistas que han debido huir del país para evitar la cárcel.
La seguridad —efectivamente mejorada en términos de homicidios— ha tenido como contracara la erosión sistemática de los contrapesos democráticos y el marcado debilitamiento del Estado de derecho.
En esencia, el modelo funciona como un pacto fáustico: el presidente ofrece orden y reducción drástica del crimen a cambio de concentrar todo el poder político en sus manos. La ciudadanía, agotada por décadas de violencia, acepta la transacción. El costo institucional es enorme.
Bukele ha complementado este diseño interno con una relación pragmática y privilegiada con Donald Trump, quien ha optado por mirar hacia otro lado frente a los desvíos autoritarios y el debilitamiento del Estado de derecho. Para Washington, El Salvador se convierte en un socio funcional clave —por ejemplo, al aceptar en su megaprisión, el CECOT, a migrantes irregulares deportados—; para Bukele, esa sintonía internacional reduce presiones externas.
Claramente, este no es el modelo de seguridad que América Latina necesita si aspira a fortalecer —y no vaciar— sus democracias y su Estado de derecho.
El verdadero desafío es otro: hasta ahora, ningún gobierno de la región ha logrado diseñar una estrategia eficaz de lucha contra el crimen organizado que combine resultados tangibles con pleno respeto al Estado de derecho, la democracia, los derechos humanos y la libertad de prensa.
Allí reside el mayor peligro de la “seducción tóxica” del experimento salvadoreño. Ante la frustración ciudadana y la urgencia de respuestas, la promesa de eficacia inmediata suele eclipsar los costos institucionales de largo plazo. Y ese es, precisamente, el dilema que hoy enfrenta la región.