La Subdirección de Gobernación Municipal informó sobre la clausura de diez centros de rehabilitación en la ciudad de Chihuahua, tras detectar diversas irregularidades relacionadas con el cumplimiento de la normativa vigente, en el marco de la estrategia de seguridad coordinada entre los distintos órdenes de gobierno.
El subdirector de Gobernación Municipal, Pedro Oliva, explicó que las revisiones forman parte de los acuerdos establecidos en la Mesa Regional de Seguridad, en la que participan corporaciones municipales y estatales, así como elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.
De acuerdo con el funcionario, durante las inspecciones se han localizado drogas, bebidas alcohólicas, así como personas con reporte de desaparición y órdenes de aprehensión vigentes. Además, señaló que en algunos establecimientos se detectaron condiciones insalubres y hacinamiento, lo que representa un riesgo para los internos.
“Se han encontrado casos preocupantes, como espacios reducidos donde permanecían decenas de personas en condiciones inadecuadas, además de deficiencias en medidas de seguridad”, indicó.
Respecto a las acusaciones de presuntas extorsiones por parte de inspectores y elementos policiacos, Oliva consideró que tales afirmaciones carecen de sustento legal e invitó a quienes se sientan afectados a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.
El subdirector precisó que las multas oficiales establecidas en el reglamento municipal oscilan entre 50 y 650 UMAS, lo que equivale aproximadamente a montos que van de poco más de cinco mil a setenta y cinco mil pesos, dependiendo de la falta detectada.
Asimismo, detalló que del año 2025 a la fecha se han realizado 45 inspecciones, de las cuales derivaron 31 actas administrativas, con sanciones económicas que variaron entre los cinco mil y poco más de treinta mil pesos.
“Resultaría incongruente que se hablara de cuotas semanales elevadas cuando las sanciones reales son menores y están debidamente documentadas”, afirmó.
Oliva agregó que algunos responsables de centros inconformes han recurrido a mecanismos legales, incluido el amparo; sin embargo, aseguró que las resoluciones emitidas han validado la actuación de la autoridad municipal.
Entre las faltas más comunes detectadas en los centros clausurados destacan:
• Falta de licencia de uso de suelo
• Ausencia de dictámenes de Protección Civil
• Incumplimiento en medidas de seguridad
• Carencia de dictamen de aforo
• Falta de licencia de funcionamiento
El funcionario subrayó que en la ciudad operan entre 80 y 100 centros de rehabilitación, varios de ellos de carácter religioso, los cuales , dijo, mantienen coordinación constante con la autoridad municipal.
Finalmente, el subdirector de Gobernación Municipal reiteró el llamado a los responsables de este tipo de establecimientos para regularizar su situación y garantizar condiciones dignas y seguras para las personas en tratamiento.