La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el congelamiento de cuentas de 10 funcionarios mexicanos señalados por Estados unidos de estar presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
La SHCP, a través de la UIF, confirma que se congelaron las cuentas de las 10 personas señaladas por EE.UU. por nexos con el crimen organizado.
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— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) May 18, 2026
Por medio de un comunicado el lunes 18 de mayo de 2026, la UIF detalló que esta medida es de “carácter estrictamente preventivo”, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
Se apuntó que reportes, emitidos por instituciones financieras, derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo.
Con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.
La UIF precisó que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo.
Asimismo, las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes.
La UIF informó que actualmente se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema finaciero mexicano.
Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios mexicanos fueron acusados pro autoridades de Estados unidos de pertenecer al Cártel de Sinaloa, en particular a la facción de Los Chapitos.
Las diez personas fueron señaladas por EE.UU. de presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas por supuestamente proteger operaciones de la facción de Los Chapitos, a cambio de sobornos millonarios.
Otros de los señalados son el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; el secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, además del senador morenista Enrique Inzunza.
El viernes 15 de mayo se confirmó que Mérida Sánchez y Díaz Vega se entregaron voluntariamente a las autoridades estadounidenses, en medio de versiones sobre una posible cooperación con fiscales de EE.UU.
Con información de López-Dóriga Digital