Como cada mañana, Radar Latam 360 presenta las 5 principales noticias de América Latina y las 3 claves internacionales para iniciar la semana bien informado, con las claves políticas, económicas y estratégicas que están marcando la agenda regional y global.
Para los argentinos: Feliz 25 de mayo, Día de la Patria.
AMERICA LATINA
1. Ecuador al límite: más inseguridad, militarización y desgaste institucional
A un año de haber iniciado su primer mandato completo, Daniel Noboa gobierna un país marcado por una profunda crisis de seguridad, militarización creciente y fuertes cuestionamientos institucionales. Ecuador cerró 2025 con 9.216 homicidios, convirtiéndose en el país más inseguro de América Latina, mientras los estados de excepción, toques de queda y despliegues militares no han logrado contener la expansión del crimen organizado. Inspirado en los modelos de Nayib Bukele y Donald Trump, Noboa endureció su discurso, declaró un “conflicto armado interno” y convirtió la seguridad en el eje absoluto de su Gobierno. Su administración construyó una cárcel de máxima seguridad similar al CECOT salvadoreño y encarceló allí tanto a líderes criminales como a figuras opositoras, entre ellas el exvicepresidente Jorge Glas y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Analistas cuestionan que la estrategia de guerra interna ha fortalecido el poder militar sin producir resultados claros en la pacificación del país, mientras aumentan las denuncias de autoritarismo, persecución política y deterioro de la libertad de prensa.
En paralelo, Ecuador enfrenta un severo deterioro social y sanitario. Los hospitales públicos operan con graves carencias de medicamentos e insumos, tras una ejecución presupuestaria de apenas 45% en salud durante 2025, situación que derivó en episodios dramáticos como la muerte de doce neonatos en Guayaquil y protestas constantes de médicos y pacientes. Aunque Noboa defiende avances económicos —como la reducción de la pobreza al 21,4%, el ajuste fiscal y la recuperación de cierta confianza internacional—, persiste una fuerte sensación de precariedad social: 440.000 ecuatorianos sobreviven con ingresos inferiores al salario básico y continúan los riesgos de apagones por falta de inversión eléctrica. En política exterior, el presidente ha buscado acercarse a Washington y a Trump mediante una agenda centrada en seguridad y cooperación militar, aunque sin lograr una relación privilegiada con la Casa Blanca. Mientras tanto, la prensa denuncia restricciones de acceso a información pública, autocensura y presión judicial contra voces críticas. Pese a todo, Noboa mantiene niveles de respaldo superiores al 40%, impulsados principalmente por la percepción de que enfrenta frontalmente la inseguridad.
2. Barranquilla, el último gran campo de batalla electoral en Colombia
El cierre de campaña presidencial convirtió a Barranquilla y al Caribe colombiano en el gran escenario simbólico de la recta final hacia la primera vuelta del 31 de mayo. Los tres principales candidatos eligieron la capital del Atlántico para enviar sus últimos mensajes al electorado, conscientes del peso estratégico de una región densamente poblada y decisiva en cualquier elección nacional. Paloma Valencia, candidata de la derecha tradicional y tercera en las encuestas, mostró dificultades para conectar con el Caribe y terminó marcada por sus acercamientos a políticos tradicionales cuestionados, además de fracasar en su intento de sumar a Sergio Fajardo a su candidatura. Abelardo de la Espriella, el aspirante ultraderechista y segundo en los sondeos, apostó por un espectáculo personalista en el emblemático malecón de Barranquilla, reforzando su narrativa antiestablishment y de identidad costeña, aunque con apoyos implícitos del poderoso clan Char y sectores empresariales locales. Iván Cepeda, favorito en las encuestas y candidato de izquierda, eligió un barrio popular para cerrar campaña junto a la bancada del Pacto Histórico y reivindicar tanto sus raíces caribeñas como el legado político de Gustavo Petro.
Los cierres reflejaron tres modelos de liderazgo y tres narrativas de país profundamente distintas. Valencia insistió en una propuesta de alianza entre sectores diversos, aunque golpeada por la percepción de cercanía con viejas maquinarias políticas. De la Espriella profundizó un discurso de confrontación contra el “bogocentrismo” y las élites tradicionales, presentándose como un “llanero solitario” pese a los respaldos regionales que lo rodean. Cepeda, por su parte, reforzó la idea de una candidatura apoyada en movimientos sociales, sindicatos, jóvenes y sectores excluidos, elevando además el tono contra su principal rival al asociar por primera vez el avance del ultra con una “opción fascista”. Más allá de la elección presidencial, Barranquilla también aparece como epicentro de una disputa de poder regional entre los clanes Char y Torres, con implicancias para las elecciones locales de 2027. El Caribe colombiano vuelve así a consolidarse como una pieza clave en la redefinición del mapa político nacional y en una campaña marcada por la polarización, el desgaste de las élites tradicionales y el ascenso de discursos antisistema.
3. El voto de los pobres puede definir el futuro del Perú
La pobreza y la desigualdad social se han convertido en uno de los factores decisivos de cara al balotaje presidencial del 7 de junio entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Según el INEI, el 25,7% de los peruanos vive en situación de pobreza y 8,8 millones de personas continúan atrapadas en condiciones de precariedad, cifras superiores a las registradas antes de la pandemia. La pobreza golpea especialmente a las regiones andinas y rurales, donde Sánchez —heredero político del voto de Pedro Castillo— obtuvo sus mayores apoyos electorales. El candidato de Juntos por el Perú capitalizó el malestar de los sectores más excluidos y avanzó sorpresivamente al segundo lugar gracias al voto rural, desplazando al ultraderechista Rafael López Aliaga. Sánchez ha centrado su discurso en cuestionar que el crecimiento económico de los últimos años no se haya traducido en mejores servicios públicos, educación o empleo digno, y propone reducir la pobreza rural mediante inversión productiva, infraestructura y apoyo al campo, al que considera “la columna vertebral del país”.
Keiko Fujimori, por su parte, apuesta por una estrategia más asistencialista y promete reducir la pobreza a la mitad durante su eventual gobierno mediante expansión de programas sociales, bonos y tarjetas alimentarias para los sectores más vulnerables. En plena campaña anunció ayudas mensuales para comedores populares y ollas comunes, buscando disputar directamente el voto de los sectores pobres. Sin embargo, ambos candidatos llegan debilitados por cuestionamientos judiciales y éticos. Fuerza Popular fue sancionado por la ONPE con una multa de 198.000 soles por uso indebido de fondos públicos, mientras que la Fiscalía solicitó más de cinco años de prisión para Roberto Sánchez por presuntas irregularidades en el financiamiento de campañas anteriores. El caso del candidato de izquierda podría avanzar a juicio oral días antes de la segunda vuelta, aunque una eventual elección presidencial suspendería el proceso mientras dure su mandato. En este contexto, el voto de los sectores más pobres y rurales aparece como el factor capaz de inclinar una elección extremadamente polarizada y abierta.
4. Bolivia bajo presión: bloqueos, violencia y riesgo de estado de excepción
La crisis política y social continúa agravándose tras el fracaso de un nuevo operativo policial y militar para despejar los bloqueos instalados desde hace 19 días por campesinos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Este domingo amanecieron 59 cortes de ruta activos en seis de los nueve departamentos del país, principalmente en las regiones andinas de La Paz, Oruro y Potosí. El operativo denominado “Corredor humanitario con banderas blancas”, que buscaba reabrir la carretera estratégica entre La Paz y Oruro, terminó nuevamente frustrado luego de fuertes enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Los bloqueadores respondieron con cargas de dinamita, piedras y barricadas, obligando a detener la caravana oficial pese al apoyo de maquinaria pesada y tractores para liberar parcialmente algunos tramos. Tras el paso de los convoyes, los manifestantes volvieron a cerrar las rutas con troncos, tierra y rocas, evidenciando la pérdida de control territorial del Gobierno sobre amplias zonas del altiplano boliviano.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, quien encabezó personalmente el operativo, denunció haber sufrido tres emboscadas durante el retorno a La Paz, incluyendo ataques con piedras que destruyeron parte de su vehículo oficial. El fracaso del operativo complica aún más el abastecimiento de alimentos, combustible y suministros médicos hacia ciudades como La Paz, El Alto y Oruro, donde los precios de productos básicos ya se dispararon debido a la escasez. El presidente Rodrigo Paz, que asumió hace apenas seis meses, reiteró su voluntad de mantener el diálogo, aunque advirtió que “todo tiene un límite” y dejó abierta la posibilidad de aplicar medidas excepcionales amparadas por la Constitución, incluyendo un eventual estado de excepción. La situación confirma el rápido deterioro de la gobernabilidad y el creciente desafío que enfrenta el Gobierno frente a protestas cada vez más radicalizadas y extendidas territorialmente.
5. Villarruel acelera su diferenciación y la interna libertaria sacude al Gobierno
La vicepresidenta Victoria Villarruel comenzó a consolidar un perfil político propio y profundizó su diferenciación respecto del presidente Javier Milei, alimentando especulaciones sobre una eventual participación electoral en 2027. Desde su entorno aseguran que la vicepresidenta no permanecerá al margen del próximo ciclo político y destacan sus niveles de conocimiento y aprobación pública, así como una intención de voto que consideran competitiva. Villarruel busca posicionarse como una figura “nacionalista, católica y productivista”, marcando contraste con el perfil liberal y globalista del presidente. En paralelo, reivindica los resultados de su gestión al frente del Senado, donde destaca la reducción de alrededor de mil cargos y un ahorro superior a 21.000 millones de pesos mediante retiros voluntarios, jubilaciones y controles administrativos, evitando despidos masivos. La vicepresidenta también incrementó sus críticas hacia el oficialismo, especialmente por escándalos vinculados a funcionarios y por la situación de la obra social de las Fuerzas Armadas.
El distanciamiento entre Milei y Villarruel aparece cada vez más consolidado dentro del oficialismo. En el entorno de la vicepresidenta responsabilizan principalmente a Karina Milei por la ruptura política y personal entre ambos dirigentes, quienes prácticamente no mantienen diálogo desde hace casi dos años. La tensión coincide con una creciente interna entre el sector alineado con Karina Milei y Martín Menem y el espacio cercano al asesor Santiago Caputo, una disputa que comienza a erosionar la autoridad presidencial y genera preocupación tanto en sectores políticos como económicos. Aunque el Gobierno continúa mostrando algunos indicadores macroeconómicos positivos, persisten señales de debilidad en la actividad económica, recuperación desigual y malestar político dentro de la propia coalición oficialista. En ese escenario, Villarruel intenta capitalizar el desgaste interno de La Libertad Avanza y posicionarse como una eventual alternativa conservadora dentro del espacio gobernante.
TABLERO GLOBAL
1. Ormuz y el programa nuclear: el delicado acuerdo que negocian EE.UU. e Irán
Estados Unidos e Irán dieron señales cada vez más claras de acercarse a un acuerdo destinado a transformar el actual cese del fuego en un arreglo más duradero tras meses de conflicto militar. El eje inmediato de las negociaciones es la reapertura gradual del estrecho de Ormuz —paso estratégico por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial— y el eventual levantamiento parcial del bloqueo estadounidense sobre puertos iraníes. Washington y Teherán trabajan sobre un “memorando de entendimiento” que establecería una hoja de ruta para resolver los principales puntos de disputa, aunque persisten diferencias importantes sobre varias cláusulas, especialmente respecto al control del estrecho, los activos iraníes congelados y las sanciones. Mientras Donald Trump alterna mensajes de optimismo con llamados a no apresurarse, medios iraníes advierten que todavía no existe consenso pleno sobre el texto final. El esquema en discusión contempla una negociación en dos tiempos: primero asegurar la reapertura de Ormuz y consolidar el fin de las hostilidades, y luego abrir conversaciones más complejas sobre el programa nuclear iraní, el arsenal de misiles y otros temas regionales.
Uno de los puntos más sensibles sigue siendo el programa nuclear iraní. Según fuentes cercanas a las conversaciones, Teherán estaría dispuesto a comprometerse a no desarrollar armas nucleares, iniciar negociaciones para entregar parte de sus reservas de uranio altamente enriquecido y suspender nuevo enriquecimiento, aunque autoridades iraníes niegan haber asumido compromisos definitivos sobre el cierre de instalaciones o la eliminación de capacidades nucleares. Irán también exige la liberación de miles de millones de dólares en activos congelados y el levantamiento gradual de sanciones internacionales para aliviar una economía severamente golpeada. El eventual acuerdo representaría un importante alivio político para Trump, presionado por la proximidad de las elecciones legislativas y por sectores republicanos divididos entre aislacionistas y halcones favorables a una línea más dura contra Teherán. Israel, en cambio, aparece como uno de los actores más incómodos frente a un posible pacto, ya que este no incluiría por ahora el desmantelamiento completo del programa nuclear iraní ni la eliminación de su capacidad militar. Diplomáticos pakistaníes y líderes árabes jugaron un rol clave para evitar una escalada regional, mientras persisten dudas sobre la implementación efectiva de cualquier acuerdo y sobre los beneficios concretos obtenidos por Washington tras una campaña militar que costó cerca de 29.000 millones de dólares.
2. Ucrania teme un nuevo frente desde Bielorrusia y blinda la frontera norte
El gobierno de Volodímir Zelenski reforzó la frontera con Bielorrusia ante el temor de que Rusia intente abrir un nuevo frente militar hacia Kiev, replicando la estrategia utilizada al inicio de la invasión de 2022. Zelenski ordenó aumentar el despliegue de tropas en las regiones septentrionales de Kiev y Cherníhiv, mientras los servicios de seguridad activaron controles especiales para detectar posibles infiltraciones. La alarma se disparó tras recientes maniobras militares conjuntas entre Rusia y Bielorrusia, que incluyeron el traslado de 64.000 soldados rusos, miles de vehículos y artillería pesada al territorio bielorruso. Kiev teme que Moscú utilice nuevamente a Bielorrusia como plataforma para obligar a Ucrania a dispersar fuerzas y aliviar la presión sobre frentes más estratégicos como Donetsk, donde las tropas ucranianas han logrado recuperar terreno y aumentar significativamente los ataques contra las rutas logísticas rusas.
Aunque el presidente bielorruso Aleksandr Lukashenko aseguró que solo entraría en guerra si Ucrania atacara primero, las autoridades ucranianas desconfían de sus declaraciones y denuncian movimientos militares preocupantes cerca de la frontera, incluyendo nuevas infraestructuras militares y ampliación de corredores logísticos dentro de Bielorrusia. Sin embargo, algunos analistas y militares ucranianos consideran que el riesgo de una ofensiva inmediata sigue siendo limitado y que cualquier concentración importante de tropas sería detectada rápidamente gracias a los sistemas de inteligencia y vigilancia de la OTAN. Para Zelenski, el refuerzo fronterizo también tiene una dimensión política interna: la oposición le reprocha haber minimizado el riesgo de invasión antes del ataque ruso de febrero de 2022. El presidente busca evitar repetir aquel error y demostrar que su gobierno está preparado ante cualquier posible escalada en el norte del país.
3. Ébola fuera de control: ataques a hospitales y temor a una expansión del brote
La crisis provocada por el nuevo brote de ébola se agravó dramáticamente tras el asalto de grupos de jóvenes al Hospital General de Mongbwalu, en el epicentro del contagio en la provincia de Ituri. Los atacantes exigían la entrega de cuerpos de familiares fallecidos, lo que obligó a evacuar de urgencia a pacientes y personal médico mientras se escuchaban disparos en los alrededores. El episodio refleja el creciente caos social y la desconfianza hacia las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades para contener la propagación del virus. Debido a que los cadáveres de víctimas de ébola son altamente contagiosos, el Gobierno prohibió velorios y reuniones de más de 50 personas en el noreste del país y dispuso que los entierros sean controlados por equipos especializados, medidas que han generado fuertes tensiones con las comunidades locales. En los últimos días también fueron incendiadas otras instalaciones sanitarias vinculadas al tratamiento de casos sospechosos y confirmados, mientras al menos 18 personas potencialmente infectadas escaparon de un centro médico y actualmente se desconoce su paradero.
La Organización Mundial de la Salud declaró el brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional y elevó el riesgo para el Congo de “alto” a “muy alto”, aunque mantiene bajo el riesgo de propagación global. Según cifras oficiales, ya se registran más de 900 casos sospechosos y al menos 119 muertes, aunque existen inconsistencias en los datos difundidos por las autoridades. El brote corresponde a la rara cepa Bundibugyo del ébola, para la cual no existe vacuna disponible, y se habría propagado sin ser detectado durante semanas debido a errores iniciales en los diagnósticos. La Federación Internacional de la Cruz Roja confirmó además la muerte de tres de sus voluntarios, quienes aparentemente contrajeron el virus mientras manipulaban cadáveres en marzo. La combinación de violencia, miedo, colapso sanitario y resistencia comunitaria complica seriamente los esfuerzos internacionales para contener una epidemia que amenaza con expandirse rápidamente en una de las regiones más frágiles y conflictivas del África central.