El Comité de Madres y Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 urgió este viernes a la Secretaría de Gobernación (Segob) a convocar a las instituciones involucradas en el caso para revisar los avances de la investigación, retomar líneas pendientes y evitar la criminalización de sus protestas.
En un posicionamiento dirigido a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fechado este viernes en Ayotzinapa, las familias solicitaron una reunión integral con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) y la unidad especial del caso, sin sustituir los encuentros periódicos con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los padres acusaron que desde 2024 se abandonaron líneas de investigación impulsadas tras el descrédito de la llamada “verdad histórica”, versión oficial del Gobierno anterior a 2018, que la CoVAJ consideró un montaje para encubrir responsables y ocultar el paradero de los normalistas.
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Según el comité, esas indagatorias apuntaban a la participación de cuerpos de seguridad, células de Guerreros Unidos y funcionarios locales en Iguala, donde los estudiantes fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Las familias pidieron centrar esfuerzos en dos lugares prioritarios: la comandancia de la policía municipal de Iguala, adonde, según documentos militares, habrían sido llevados al menos 17 jóvenes antes de un posible traslado, y los sitios de Jardines del Sol y Laguna de Tuxpan, donde podrían haber sido llevados por lo menos 11 estudiantes.
También solicitaron una comisión de trabajo con cinco madres y padres, cuatro asesores jurídicos, la CoVAJ y la unidad especial para analizar 33 folios militares y extraer datos que el Ministerio Público pueda diligenciar e integrar como pruebas para una eventual judicialización.
El comité exigió además a la Cancillería colocar en el diálogo bilateral con Estados Unidos la extradición de los exfuncionarios Tomás Zerón de Lucio y José Ulises Bernabé, a quienes considera claves por su presunta relación con torturas, alteración de escenas y conocimiento de lo ocurrido en la comandancia policial.
Las familias pidieron asimismo asistencia técnica internacional del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuya labor, señalaron, fue fundamental para desmontar la versión oficial inicial y abrir nuevas rutas.
A Gobernación, exigieron que no se criminalice ni reprima al movimiento ni a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos por las protestas recientes, en el contexto de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.
“Nos mueve el amor a nuestros hijos”, afirmaron al negar vínculos con la ultraderecha y pedir que no se abran investigaciones penales contra padres o estudiantes.
Con información de EFE.