La Fiscalía General de la República (FGR) fracasó en un primer intento por detener la presunta red empresarial dedicada al contrabando de hidrocarburos vinculada con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
En junio pasado, un juez federal rechazó librar las órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público al considerar que las pruebas presentadas eran insuficientes para acreditar los delitos investigados.
El 22 de junio pasado, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con sede en el Estado de México, Mario Elizondo Martínez, negó la orden de aprehensión solicitada dentro de la causa penal 219/2026 por los delitos de delincuencia organizada y contrabando en contra de 23 personas presuntamente relacionadas con una red integrada por 11 empresas en las que participa el exgobernador y exsenador panista.
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En esa primera solicitud, a la que Latinus tuvo acceso, la FGR no pidió la captura de Ernesto Ruffo Appel.
El Ministerio Público únicamente solicitó órdenes de aprehensión contra 23 presuntos integrantes de la organización, entre ellos Ricardo Thompson, Javier Macuixtle y José Merino Valdés Cuervo, quienes semanas después volvieron a ser incluidos en una nueva solicitud en la que otro juez, el 13 de julio pasado, concedió la orden de aprehensión en su contra.
La argumentación presentada por la fiscalía en junio es prácticamente la misma que posteriormente expuso ante la jueza Alejandra Ramírez de la Vega.
La diferencia es que, el 13 de julio pasado, la juzgadora sí concedió las órdenes de aprehensión contra 25 personas, incluido Ernesto Ruffo Appel —detenido ayer jueves—, por los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
Al analizar la primera solicitud, el juez Mario Elizondo Martínez concluyó que los datosdeprueba aportados por el Ministerio Público Federal no eran suficientes para justificar la emisión de dichas órdenes de captura.
Entre las evidencias presentadas figuraban notas periodísticas, documentos notariales, escrituras públicas y la descripción de la constitución y operación de diversas empresas presuntamente utilizadas en el esquema investigado.
“Lo que se estima es insuficiente para sostener su petición de libramiento de una orden de aprehensión, pues para ello se exige que exponga datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito”, señaló el juez en su resolución, al sostener que la fiscalía no realizó un ejercicio suficiente de contraste entre los elementos del tipo penal y los hechos atribuidos a los investigados.
La carpeta de investigación identificó como parte del presunto entramado empresarial a las siguientes empresas:
Ingemar, S.A. de C.V.; Servicios Portuarios, S.A. de C.V.; Dragados y Puertos, S.R.L. de C.V.; Internacional de Fundentes, S.A. de C.V.; Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V.; Servicios Integrales y Desarrollos G.M.G., S.A. de C.V.; Crismon Hidrocarburos y Derivados, S.A. de C.V.; Descargas Ferroviarias del Norte, S.A. de C.V.; Lambrucar, S.A. de C.V.; Mapror de Hidrocarburos, S.A. de C.V., y Servicios Aduanales JR, S.A.S. de C.V., compañías que, según la investigación ministerial, habrían sido utilizadas para introducir hidrocarburos de contrabando al país mediante carrotanques ferroviarios.