En la recta final de su gobierno, que concluye el 31 de octubre de 2027, la morenista Marina del Pilar Ávila tiene a Baja California hundida en una profunda crisis política, institucional, económica y de violencia.
Frente a las acusaciones de intervención del crimen organizado en la administración estatal y en ayuntamientos como los de Tijuana y Playas de Rosarito, está la inseguridad cotidiana que sufren los habitantes de Baja California, una de las cinco entidades más violentas del país, de acuerdo con el Índice de Paz México 2026.
Con una gobernadora más preocupada por su imagen pública, por el retiro de su visa de Estados Unidos y por las acusaciones en su contra, la entidad está golpeada por la ausencia de autoridad. El Consejo Coordinador Empresarial de Baja California señala que el cobro de piso y las extorsiones, avivadas por la impunidad y por el dominio de los grupos criminales en las calles, han provocado el cierre de decenas de negocios.
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Esta es la segunda entrega de una nueva temporada de Estado de Sitio, un serial de reportajes de Latinus sobre la inseguridad en diversas entidades del país.
Ve a continuación el reportaje completo: