La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el decreto de la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse GarcíaMuñoz, para contraer deuda pública por cuatro mil millones de pesos para obras y proyectos de los 46 municipios de Estado.
Por unanimidad declaró infundada la acción de inconstitucionalidad que promovieron legisladores de Morena y Partido del Trabajo quienes pretendían que la corte difiriera que el congreso no podría aprobar deuda pública sin que se precisara el destino de los recursos.
El congreso autorizó en febrero la deuda por ocho mil millones de pesos, cuatro Mil para el acueducto Solís y los otros cuatro mil para obras y proyectos de municipios aunque no se precisaba el destino y monto.
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Como parte del análisis del proyecto de la ministra Loretta Ortiz, la Corte concluyó que la facultad otorgada a la titular del Poder Ejecutivo estatal para realizar movimientos compensados entre los programas autorizados no constituye una autorización abierta para modificar el destino del financiamiento.
Los ministros determinaron que esa atribución únicamente permite redistribuir recursos entre programas previamente aprobados por el Congreso local, sin incrementar el monto total de la deuda autorizada ni alterar el objetivo de inversión pública productiva para el que fueron destinados los recursos.
Con esta resolución, la SCJN confirmó la constitucionalidad del decreto y dejó firme la autorización para que el Gobierno de Guanajuato pueda contratar el financiamiento aprobado para el presente ejercicio fiscal.