Los senadores, al igual que los funcionarios públicos, están obligados a informar en su declaración patrimonial qué bienes inmuebles tienen, aun cuando ya hayan reportado su existencia en años anteriores.
De esta forma, lo que hicieron legisladores como Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López en su declaración patrimonial 2026, al “desaparecer” bienes inmuebles que presumían en el pasado, es incumplir con las obligaciones que tienen como funcionarios y ocultar su evolución patrimonial.
De acuerdo con el formato de declaración patrimonial y de intereses aprobado en el Sistema Nacional Anticorrupción desde 2019, en el apartado de “Bienes inmuebles” el declarante debe especificar las propiedades que posee, si tuvo nuevas adquisiciones, si modificó las ya reportadas, si se mantienen sin cambios o si tuvo la baja de algún inmueble por venta, herencia o algún otro motivo.
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Este formato fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre de 2019 y emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, además de las normas reglamentarias y el instructivo para el llenado y la presentación de las
declaraciones patrimoniales.
De esta forma, los servidores públicos de todas las dependencias y de organismos autónomos, como el Poder Legislativo, están sujetos normas específicas para presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses.
Vania Pérez Morales, expresidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, explicó a Latinus que los servidores públicos y los legisladores deben rendir cuentas a los ciudadanos sobre su patrimonio.
“La evolución patrimonial es la posibilidad de ver cómo avanzaron y las discrepancias. O sea, tú no puedes declarar una vez que tienes una casa y luego que ya desapareciste esta casa, o que sólo tienes la deuda. ¿Qué pasó, la regalaste, qué hiciste con ella?”, explicó.
El miércoles pasado Latinus publicó que el senador morenista Gerardo Fernández Noroña no reportó en su más reciente declaración patrimonial la casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, que había reportado hace un año. El legislador argumentó que era suficiente con informar del adeudo millonario que tenía por esa adquisición hecha en 2024 y declarada hasta 2025.
“Los lineamientos que se aprobaron en el 2019 son iguales para todos, no se vale decir: ‘yo declaro esto y tú declaras otra cosa que estás en el Poder Legislativo’. No se puede”, detalló Vania Pérez, experta en temas de transparencia y rendición de cuentas.