El exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, de 70 años, enfrentará mañana martes la audiencia de vinculación a proceso, acusado de ordenar la obstrucción de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El pasado viernes, el juez de control Mario Elizondo Martínez consideró suficientes las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exmandatario estatal y ordenó su prisión preventiva oficiosa. Aguirre Rivero permanecerá en el Penal Federal del “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras enfrenta el proceso.
El agente del Ministerio Público, David Rojas Ramírez, expuso que, a partir de un “reanálisis” de las actuaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa y de la incorporación de nuevos testimonios, la FGR concluyó que el exmandatario estatal ordenó destruir videos y otras evidencias relacionadas con los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
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De acuerdo con los testimonios presentados ante el juez dentro de la causa penal 291/2026, el 29 de septiembre de 2014, la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJEG), Lambertina Galeana Marín, recibió del área de informática un sobre amarillo que contenía un disco con videos del momento en que elementos de seguridad pública y civiles armados detenían a los normalistas y los trasladaban de un camión a otro.
En la oficina también se encontraba la entonces visitadora del Poder Judicial del Estado, Blanca María del Rocío Estrada Ortega, quien aprovechó que la magistrada salió momentáneamente de la oficina para tomar el sobre y retirarse de las instalaciones del tribunal.
Según su declaración, Estrada Ortega entregó directamente el material al entonces gobernador Ángel Aguirre, quien le manifestó que no quería que se conociera que su sobrino, Ernesto Aguirre Gutiérrez, entonces asesor del mandatario, estaba enterado de lo ocurrido la noche de la desaparición en Iguala.
El fiscal relató ante el juez el testimonio de la visitadora, quien declaró que “el gobernador mencionó no quería que se supiera ‘porque elpendejode mi sobrino, Ernesto, estaba al tanto y porque tenía relación con el crimen organizado’ y se había dado la orden de que ejecutaran a los normalistas porque eran del grupo rival”.
De acuerdo con ese testimonio, Lambertina Galeana cuestionó posteriormente a la visitadora sobre las razones por las que había sustraído el sobre con los videos y le preguntó dónde se encontraba el material. Estrada Ortega respondió que lo había hecho por instrucciones del propio Ángel Aguirre (quien gobernó Guerrero de 2011 a 2014).
Al solicitarle el material al exmandatario, este respondió que se lo había entregado a Iñaki Blanco Cabrera, entonces procurador de Guerrero. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio expuesto por la FGR, el exprocurador respondió que “es asunto del gobernador”.
Como parte de los elementos para sustentar la imputación contra Aguirre Rivero, la representación de la FGR también retomó la declaración de Sidronio Casarrubias Salgado, alias “El Sapo”, líder de Guerreros Unidos, organización señalada por su participación en la desaparición de los estudiantes. Casarrubias aseguró que ese grupo delincuencial aportó recursos a la campaña electoral de Ángel Aguirre.
Durante la audiencia también se expuso que Aguirre Rivero tenía conocimiento de los vínculos familiares de José Luis Abarca,entonces alcalde de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de Salomón Pineda Villa, alias “El Molón”, señalado como fundador de Guerreros Unidos, así como de sus hermanos, entre ellos Mario, alias “El MP”.
La audiencia de vinculación a proceso está programada para mañana martes 11 de agosto, a las 10:00 de la mañana, en el Centro de Justicia Penal Federal del “Altiplano”.