El juzgado tercero de Distrito en Guanajuato admitió a trámite al menos dos amparos promovidos en contra del acuerdo emitido por la Universidad Nacional Autónoma de México con el que ordenó aplicar un examen de control a aspirantes con resultados irregularidades y pausó la inscripción al ciclo escolar 2026-2027.
La máxima casa de estudios aplicará un examen de control presencial a los aspirantes que obtuvieron puntajes anómalos en la prueba virtual de ingreso a diferentes licenciaturas, luego de que una comisión técnica determinó que hubo fraude en la resolución del examen en línea.
El 5 y 7 de agosto, el secretario en funciones de juez del mencionado juzgado de Distrito de Guanajuato admitió los amparos 991/2026 y 996/2026, presentados por aspirantes a ingresar a la UNAM que están inconformes con la aplicación del examen de control.
Te podría interesar
-
Admisión 2026
Aspirantes de la UNAM insisten en la revisión de sus casos tras la cancelación masiva de exámenes
-
Crisis en la máxima casa de estudios
Rector designa a Javier de la Fuente como secretario general de la UNAM en medio de crisis por los exámenes de admisión
En los acuerdos de admisión emitidos en ambos casos, se establecieron como fechas para llevar a cabo la audiencia constitucional el 7 y el 11 de septiembre.
En ambos amparos se negó la suspensión provisional solicitada por los promoventes, pues no se presentaron pruebas suficientes.
“Las copias simples exhibidas no constituyen medios de convicción suficientes para acreditar su interés que le asiste para obtener la suspensión de los actos que reclama”, dice uno de los acuerdos.
La decisión de aplicar un examen de control presencial afecta a más de 58 mil aspirantes que obtuvieron puntajes por arriba de los resultados registrados en los últimos cinco años.
La UNAM aplicará esta prueba entre el 12 y el 19 de agosto en diferentes sedes del país, a pesar de las protestas organizadas por los afectados.
En días pasados, un juzgado de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México desechó algunos de los amparos promovidos por aspirantes inconformes con el examen de control, al estimar que las universidades públicas no pueden ser consideradas autoridades responsables en un juicio de amparo.