Alrededor de 600 personas de la comunidad de Atascaderos, municipio de Guadalupe y Calvo, fueron desplazadas en febrero de este año debido a la violencia en la región, informó Yareli Rivera, defensora de derechos humanos e integrante de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).
Durante la presentación de un informe sobre desplazamiento forzado interno en la Sierra Tarahumara, señaló que las familias se trasladaron a Parral y fueron recibidas en un centro comunitario del DIF, aunque actualmente permanecen en condiciones de hacinamiento y sin atención suficiente para cubrir sus necesidades básicas.
Rivera indicó que en marzo alrededor de 200 personas regresaron a Atascaderos acompañadas por autoridades, pero el retorno se realizó sin análisis de riesgo ni medidas de protección, lo que provocó que algunas personas volvieran a desplazarse o sufrieran hechos de violencia.
La defensora también señaló que se han identificado vínculos entre cacicazgos que acceden a concesiones mineras y estructuras relacionadas con el crimen organizado. Además, recordó que en febrero se documentó un asesinato en la comunidad.