La reducción de 51 por ciento en los homicidios dolosos que presume el gobierno de Claudia Sheinbaum contrasta con la violencia en siete entidades que concentran la mitad de los asesinatos registrados en el país y obligan al gobierno federal a dirigir la seguridad en 69 municipios y reforzar la cooperación con Estados Unidos.

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno, entre enero y julio de 2026 Guanajuato concentró 8.6 por ciento de los homicidios dolosos del país, seguido de Baja California, con 8.2 por ciento; Chihuahua, 8.1 por ciento; Sinaloa, 7.1 por ciento; Estado de México, 6 por ciento; Guerrero, 5.6 por ciento, y Morelos, 5.5 por ciento. En conjunto, estas siete entidades concentran 49.1 por ciento de los homicidios registrados en el país.

El gobierno federal concentra sus tareas de seguridad en 69 municipios, entre ellos algunos de los principales centros urbanos.

El Estado de México encabeza esta lista con 13 municipios: Atenco, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, La Paz, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, San Vicente Chicoloapan, Texcoco, Tlalnepantla de Baz, Toluca y Valle de Chalco.

Le siguen regiones de prácticamente todo el país: Tijuana, Mexicali, Rosarito y San Quintín, en Baja California; Ciudad Juárez y Chihuahua, en Chihuahua; Celaya, Irapuato, León y Salamanca, en Guanajuato; Acapulco, Chilpancingo e Iguala, en Guerrero; Guadalajara y municipios de su zona metropolitana, en Jalisco; así como Apatzingán, Morelia, Uruapan y Zamora, en Michoacán.

Sinaloa, prioridad de seguridad

Uno de los casos que más destaca en el informe es Sinaloa. A pesar de que ocupa el cuarto lugar nacional en concentración de homicidios, con 7.1 por ciento del total, el estado es el territorio donde el gobierno federal mantiene el mayor despliegue de elementos de seguridad.

De acuerdo con el documento, 16 mil 440 elementos del Ejército, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Guardia Nacional se encuentran desplegados en la entidad en la que se enfrentan los grupos antagónicos del Cártel de Sinaloa..

Más coordinación con Estados Unidos

El Segundo Informe señala que México intensificó el intercambio de información, inteligencia y análisis con autoridades estadounidenses para diseñar estrategias conjuntas contra organizaciones criminales.

Durante el periodo reportado se realizaron 55 reuniones de coordinación con autoridades de seguridad y representantes de Estados Unidos, incluida la DEA, el FBI, el Servicio de Alguaciles, la embajada estadounidense en México y autoridades del Distrito Sur de Texas.

Entre las acciones de mayor relevancia se encuentra el traslado, el 20 de enero, de 37 personas privadas de la libertad en México a Estados Unidos, por sus presuntos vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y otros delitos.

Entre los trasladados estuvieron Armando Gómez Núñez, “Delta 1”, identificado como líder de Los Deltas, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación en Guadalajara; Pedro Inzunza Noriega, “El Señor de la Silla” o “Sagitario”, y José Gerardo Álvarez Vázquez, “El Indio”, ambos relacionados con el Cártel de los Beltrán Leyva.

Gobernadores, ausentes de los gabinetes de seguridad

El informe exhibe una participación limitada de los gobernadores en las reuniones del Gabinete Federal de Seguridad.

Entre octubre de 2024 y julio de 2026 se realizaron 211 sesiones, 198 de ellas en Palacio Nacional y 13 en entidades federativas. Sin embargo, los gobernadores y gobernadoras de las entidades más golpeadas por la violencia acudieron solamente a 17 reuniones.

Evelyn Salgado, de Guerrero, asistió en cuatro ocasiones; Delfina Gómez, del Estado de México, en tres; Margarita González, de Morelos, y Rocío Nahle, de Veracruz, en dos cada una. Los gobernadores de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Chihuahua acudieron únicamente una vez.

En contraste, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, participó en 41 sesiones, mientras que la Fiscalía General de la República estuvo presente en 78.

México pelea más recursos de García Luna

El informe reporta avances en el litigio que el gobierno mexicano mantiene en Estados Unidos para recuperar recursos vinculados con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

El 19 de mayo, un tribunal de Florida condenó a los demandados al pago de 578.5 millones de dólares adicionales por daños patrimoniales derivados de las conductas ilícitas acreditadas en el proceso.

Así, el monto total recuperable supera los 3 mil 67 millones de dólares. Sin embargo, hasta el 28 de agosto, la Unidad de Inteligencia Financiera reportó que solamente 5.8 millones de dólares habían sido recuperados e ingresados a la Tesorería de la Federación.