Daniel Zovatto | Director y editor de Radar LATAM 360 @zovatto55
La democracia afronta su prueba más exigente desde el inicio de la Tercera Ola. Es decisiva, pero su desenlace aún no está escrito.
Ese es el diagnóstico que se desprende de las evaluaciones internacionales examinadas en este artículo con motivo del Día Internacional de la Democracia, conmemorado el pasado 15 de setiembre.
La recesión democrática se prolonga; la autocratización avanza; la inteligencia artificial y los algoritmos multiplican la capacidad de manipular el debate público; y Estados Unidos ha renunciado al papel que desempeñó como garante del orden liberal. Numerosas sociedades conservan, sin embargo, reservas institucionales y cívicas capaces de contener el embate autoritario. Pero resistir ya no basta: urge repensar y renovar la democracia para situarla a la altura de los desafíos y amenazas del siglo XXI.
Tendencia global
Más allá de sus diferencias metodológicas, los informes coinciden en una conclusión inquietante. V-Dem plantea la cuestión desde el título de su informe de 2026: ¿se está desmoronando la era democrática? A fines de 2025, contabilizaba 92 autocracias frente a 87 democracias. El 74% de la población mundial —unos 6.000 millones de personas— vive bajo regímenes autocráticos, mientras apenas el 7% —cerca de 600 millones— reside en democracias liberales. Más personas viven hoy en autocracias cerradas —2.300 millones— que en democracias electorales y liberales combinadas —2.200 millones—.
Freedom House ofrece una valoración similar. La libertad global retrocedió en 2025 por vigésimo año consecutivo: 54 países registraron deterioros en derechos políticos y libertades civiles, frente a 35 que avanzaron. IDEA Internacional, por su parte, señala que fue el undécimo año consecutivo en que el número de países en retroceso superó al de aquellos que progresaron.
El retroceso ya no respeta a las democracias que se creían blindadas. No solo varios países europeos sino tambien Estados Unidos han caído en diversos indicadores a mínimos de medio siglo habiendo sufrido este último una degradación de democracia liberal a electoral. Si durante décadas Washington combinó cálculo geopolítico con una promoción imperfecta pero real de la democracia, Trump ha desmontado buena parte de ese andamiaje, recortando la cooperación democrática y normalizando la cercanía con líderes autoritarios.
A esto se suma una mutación en la forma en que mueren las democracias. Ya no lo hacen por golpes de cuartel, sino desde dentro: líderes que llegan al poder mediante elecciones legítimas y luego colonizan gradualmente el parlamento, la justicia, y los árbitros electorales, hostigan a la prensa y a los defensores de derechos humanos, y reescriben las reglas para perpetuarse, todo bajo la retórica de una “voluntad popular” supuestamente amenazada por élites conspiradoras. Las elecciones no se cancelan: se vacían de contenido.
Sería un error, sin embargo, confundir tendencia con destino. En numerosos países, sociedades civiles movilizadas, autoridades electorales y tribunales independientes, y medios de comunicación valientes siguen demostrando capacidad y determinación para contener el avance del autoritarismo. La autocratización es una fuerza poderosa, pero no invencible ni irreversible.
América Latina
Nuestra región presenta un mosaico político heterogéneo. Según V-Dem, en 2025 el 71% de su población vivía en democracias, pero apenas el 5% en democracias liberales. Uruguay, Costa Rica y Chile conservan las instituciones de mayor calidad; Cuba, Nicaragua y Venezuela permanecen sometidas a regímenes autoritarios. Haití padece un colapso estatal, mientras El Salvador atraviesa una grave deriva autoritaria, tolerada por amplios sectores sociales debido a los resultados del Gobierno en materia de seguridad. Entre estos extremos conviven democracias resilientes, sistemas estancados y regímenes híbridos.
Como advierte el PNUD en su informe Democracias bajo presión, Latinoamérica continúa siendo la región más democrática del mundo en desarrollo. Pero esa conquista convive con un malestar creciente: la insatisfacción con la democracia aumentó del 56,2% en 1995 al 64,7% en 2024. A ello se suman Estados débiles, desigualdad persistente, corrupción, violencia criminal, expansión del narcotráfico, sistemas de representación fragmentados y una marcada incapacidad para traducir las demandas sociales en políticas públicas eficaces y sostenibles.
Pese a ello, El pulso de la democracia 2026 de LAPOP, revela una paradoja. El 65% de los latinoamericanos considera que, con sus claroscuros, la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Es una señal alentadora, pero coexiste con una inquietante tolerancia hacia fórmulas iliberales y liderazgos fuertes dispuestos a sortear los presuntos obstáculos del Congreso, la justicia, la oposición o los derechos de las minorías. Para muchos ciudadanos, la democracia comienza a significar menos pluralismo y límites al poder que capacidad para resolver problemas.
Es el régimen que denomino «eficracia iliberal»: la disposición a sacrificar procedimientos democráticos y garantías del Estado de derecho a cambio de que el gobierno me resuelva problemas inmediatos y concretos. Si su atractivo es comprensible, su peligro es innegable. Un gobierno sin contrapesos puede ofrecer resultados rápidos, pero también destruir los mecanismos necesarios para fiscalizarlo, corregirlo y, llegado el momento, sustituirlo pacíficamente.
Repensar y renovar la democracia
Las graves amenazas que hoy se ciernen sobre la democracia son innegables y no deben subestimarse. Pero sería igualmente erróneo desconocer la resistencia y la resiliencia que numerosas sociedades e instituciones siguen demostrando frente a la ola de autocratización.
¿Qué hacer, entonces, ante esta coyuntura crítica?
Primero, abrir con urgencia un debate riguroso sobre la democracia. Como aconseja Daniel Innerarity, es preciso desarrollar una teoría más compleja y sofisticada, capaz de comprender y gobernar democráticamente la complejidad de nuestras sociedades y de responder a los desafíos del siglo XXI. Ya no basta con contener las amenazas ni preservar las instituciones existentes. Es indispensable acelerar la innovación política e institucional para repensar, adaptar y renovar la democracia.
Segundo, reconstruir sus fuentes de legitimidad. Una democracia sostenible debe descansar sobre tres pilares complementarios: la legitimidad de origen, fundada en elecciones libres, auténticas e íntegras; la legitimidad de ejercicio, garantizada por el Estado de derecho, la separación de poderes y la rendición de cuentas; y la legitimidad de resultados, derivada de gobiernos capaces de responder con eficacia a sociedades más informadas, impacientes y exigentes.
Tercero, impulsar una agenda concreta de reformas. Sus prioridades deben ser relegitimar la política y sus instituciones; construir Estados eficaces, dotados de una adecuada fiscalidad; elevar la calidad de las políticas y los servicios públicos; mejorar la gobernanza; blindar la independencia de los jueces y de las autoridades electorales; fortalecer los partidos sin caer en la partidocracia; abrir canales de participación ciudadana que complementen a las instituciones representativas; garantizar los derechos humanos y la libertad de expresión. También es imprescindible combatir la corrupción y la impunidad, así como desarrollar capacidades estatales para enfrentar la criminalidad con eficacia y dentro de los límites del Estado de derecho.
Cuarto, fortalecer la ciudadanía digital y proteger el debate público de la manipulación algorítmica. Ello exige alfabetización mediática; principios y estándares claros para el desarrollo y uso de las redes sociales y la inteligencia artificial; regulación eficaz y mayor transparencia de las plataformas y empresas de IA —hoy una de las mayores amenazas—; y cooperación internacional para impedir que la tecnología avance más rápido que los controles democráticos.
Y quinto, reforzar la defensa regional de la democracia. Veinticinco años después de su adopción, la Carta Democrática Interamericana continúa siendo el principal instrumento colectivo. Sin embargo, para evitar que quede reducida a una declaración retórica, es preciso reconstruir el consenso regional, actualizar sus mecanismos y dotarla de capacidad efectiva para prevenir y responder tanto a las rupturas como a la erosión gradual del orden constitucional.
Resumiendo: La democracia no está condenada al fracaso, pero tampoco tiene el futuro asegurado. Ambos desenlaces siguen abiertos. La respuesta no dependerá solo de los gobiernos o las élites, sino también de la conducta de nosotros, los ciudadanos. Porque la democracia no se erosiona ni se renueva en abstracto: se sostiene, se defiende o se pierde con cada decisión colectiva. Sin ciudadanos dispuestos a ejercerla y demócratas decididos a defenderla, ninguna democracia perdura.