Por unanimidad, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) echaron abajo un acuerdo aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en el que se relajó el mecanismo para evitar que servidores de la nación se infiltren como observadores electorales.
En sesión pública, los magistrados de la Sala Superior revocaron parcialmente las convocatorias para que la ciudadanía participe como observadora electoral en el proceso electoral concurrente 2026-2027.
En dichas convocatorias, el INE mantuvo como impedimento no desempeñarse como personas servidoras públicas vinculadas con programas sociales, operadoras de estos o servidoras públicas de la nación.
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Sin embargo, determinó que ese requisito se acreditaría únicamente con la manifestación bajo protesta de decir verdad de la persona solicitante, con base en los principios de buena fe, presunción de veracidad y economía procesal.
Los partidos Somos, Movimiento Ciudadano, PRI y PAN impugnaron el acuerdo del INE, al considerar que sustituir la verificación institucional por una declaración bajo protesta de decir verdad afectaba el principio de certeza.
A propuesta del magistrado Felipe Fuentes Barrera, la Sala Superior consideró que la declaración bajo protesta de decir verdad permite acreditar formalmente el requisito, pero no sustituye su verificación por parte de la autoridad.
Por ello, el Tribunal ordenó al Consejo General del INE establecer una medida preventiva tendente a verificar el estatus de las personas servidoras públicas vinculadas con programas sociales, operadoras de estos o actividades institucionales, ni como persona servidora de la nación, con la finalidad de evitar la injerencia y/o participación en los procesos electorales.