Mayoría de Morena en el Congreso de Veracruz elimina fuero a alcaldes, síndicos y concejos municipales, a sugerencia de Rocío Nahle

Veracruz.- La mayoría morenista en el Congreso de Veracruz aprobó eliminar el fuero constitucional a alcaldes, síndicos e integrantes de concejos municipales a sugerencia de Rocío Nahle, en medio de la polémica que sugiere libertad para perseguir a opositores.

En su boletín oficial, el Congreso de Veracruz informa sobre la reforma al artículo 78 de la Constitución Política del Estado y alude superficialmente a las intervenciones de legisladores de la oposición, pero cubren el dato en donde critican a la gobernadora, Rocío Nahle, a quien también exigen que se le aplique. 

Con 38 votos a favor, una abstención y nueve en contra, la minoría opositora rechazó la reforma porque “no elimina privilegios, decide quién los conserva”, al proteger a la gobernadora y diputados, reclamó desde la tribuna la emecista María Elena Córdova Molina. 

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En la discusión, el dirigente estatal del partido Alianza Generacional por Veracruz, Héctor Yunes Landa, cuestionó que “si Morena
¿Quiere quitar el fuero a presuntos delincuentes? Pongan el ejemplo retirando el fuero a Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza; y a todos aquellos morenistas que desde la protección de su fuero se han coludido con el crimen organizado. Empiecen limpiando su casa”.

En su intervención, la panista y exsenadora Indira Rosales San Román dijo: “Si ustedes le quieren quitar el fuero a los alcaldes, también quítenselo a la gobernadora y a todos nosotros, a los 50 diputados. ¿Cómo pueden decir que hay piso parejo en la Cuarta Transformación si están protegiendo a la gobernadora? Los privilegios no han terminado, ni terminarán, porque así funciona la cuarta deformación”.

En un intento de defensa, el diputado morenista Alejandro Porras Marín consideró que quien ejerza el poder público no debe tener privilegios y que ante la ley nadie debe recibir un trato de excepción sólo por tener un cargo”, pero no respondió al cuestionamiento sobre por qué se protege a la gobernadora. 

La pregunta tampoco la respondió el coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, quien sólo se limitó a ofrecer su respaldo a la propuesta autoría de la gobernadora Rocío Nahle García. 

Se trata de una reforma o modificación al artículo 78 de la Constitución Política del Estado, con la que se elimina el fuero constitucional para alcaldes, síndicos e integrantes de los concejos municipales.

La sesión de la LXVII Legislatura del Estado fue aprobada en el primer párrafo del Artículo 78 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, que suprime la declaración de procedencia como requisito previo para proceder penalmente contra los titulares de las presidencias municipales, de las presidencias de concejos municipales y de las sindicaturas.

El dictamen, emitido por los diputados Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, Diego Castañeda Aburto y Naomi Edith Gómez Santos, presidente, secretario y vocal, respectivamente, fue propuesto el pasado 17 de septiembre por Rocío Nahle García. 

“Esta figura constituye una condición para proceder penalmente respecto de determinados cargos, pero no implica una determinación sobre la existencia de un delito ni sobre la responsabilidad de la persona señalada”, explica el documento oficio del Poder Legislativo.

Con la reforma, detalla, “las autoridades competentes podrán ejercer sus atribuciones sin requerir previamente una declaración del Congreso del Estado, evitando que dicho requisito constituya un obstáculo para la investigación y persecución de los delitos”.

El documento refiere que en Puebla, las autoridades municipales no se encuentran comprendidas en el catálogo de servidores públicos sujetos a declaración de procedencia; en San Luis Potosí, la reforma constitucional de 2017 eliminó ese procedimiento; y en Guanajuato y Querétaro, la responsabilidad penal de integrantes de los ayuntamientos se regula sin hacer depender necesariamente el inicio del proceso penal de una autorización previa del Poder Legislativo.