Tres años antes de que la ahora gobernadora de Veracruz, RocíoNahle comenzara a desempeñar cargos públicos el Congreso de la Unión, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya solicitaba listas de asistencia a los estados del país.
De acuerdo a su currículum, Nahle se apartó en el 2003 de su actividad laboral en Petróleos Mexicanos (Pemex) para desempeñarse como asesora en la Cámara de Diputados durante tres legislaturas, es decir, nueve años. Y también en el Senado de la República.
Incluso de 2015 a 2018 fue diputada federal en la LXIII y como coordinadora de los diputados de Morena formó parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
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Ahora, Nahle, originaria de Zacatecas con dos años como gobernadora de Veracruz descalificó al titular de la ASF, Aureliano Hernández por haber solicitado las listas de asistencia del personal docente.
De acuerdo a informes de fiscalización de la ASF revisados por Latinus, desde la creación de la ASF en el año 2000, cuando reemplazó a la Contaduría Mayor de Hacienda, se instrumentó esta “práctica consolidada para prevenir pagos improcedentes, plazas a aviadores o irregularidades en el ejercicio de recursos etiquetados”.
Nahle, además de calificar como absurda la petición del auditor consideró que “no conoce Veracruz”, aunque es originario de Xalapa y de acuerdo a reportes de otras entidades, “no se afecta la fiscalización en zonas marginadas”.
Es el caso de entidades con fuerte movilización magisterial como Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas, porque “la mayoría de los sistemas de control de asistencia del magisterio siguen operando con registros físicos o mixtos, y la propia normativa de rendición de cuentas prevé la entrega de documentación en los formatos en que se genere”.
Dicha normatividad obliga a la ASF “a revisar el destino y ejercicio de los recursos federales transferidos a los estados, entre ellos los del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), que financia la mayor parte de la nómina magisterial”.
En las auditorías de cumplimiento del FONE (artículo 26 y 27 de la Ley de Coordinación Fiscal) que la ASF practica anualmente a las 32 entidades federativas, es un procedimiento estándar de verificación de la siguiente documentación.
Esta fiscalización busca corroborar que “el personal registrado en las nóminas laboró efectivamente en los centros de trabajo, además de la existencia y consistencia de los controles de asistencia”.
También que las funciones desempeñadas correspondan a la categoría y plaza pagada con recursos federales, como lo establece el apartado 26-A, fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal, que indica que “el ejercicio de los recursos en materia de servicios personales, se sujetará a que los pagos deberán hacerse por las cantidades líquidas que correspondan a cada empleado, considerando las cantidades devengadas en el periodo de pago correspondiente”.
“En todo caso, sólo procederán pagos retroactivos hasta por 45 días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del personal durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar la autoridad educativa de la entidad federativa el tipo de plaza y el periodo que comprende”.
Cabe agregar que el artículo 27A de dicha ley subraya que “el ejecutivo federal y los gobiernos de las entidades federativas, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley General de Educación, concurrirán en el financiamiento a través de dos opciones, ya sea por correo electrónico o bien, en una dirección institucional en la ciudad de México.
“La Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de las entidades federativas darán acceso al sistema establecido para el registro del personal educativo, para efectos de consulta, a las instancias locales y federales de control, evaluación y fiscalización que así lo soliciten”, apunta el documento.