La jueza federal en retiro, Martha Magaña, denunció irregularidades durante el desahogo de su audiencia ante el Tribunal de Disciplina; acusó que no estuvieron presentes los integrantes encargados de resolver el procedimiento en su contra por haber otorgado una suspensión provisional contra la discusión y aprobación de la reforma judicial en la Cámara de Diputados en 2024.
“Tengo que decir, porque así se hizo constar, que no estuvieron presentes los integrantes del tribunal, la comisión que va a tomar la determinación y tampoco la secretaria ejecutiva, y así se hizo constar en el acta”, explicó.
En una breve entrevista telefónica desde Madrid, España, al término de su comparecencia ante el Órgano del Poder Judicial de la Federación, reiteró que apegarse a la ley no constituye un desacato ni una infracción administrativa.
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“La jurisprudencia que se me reprocha haber desatendido formó parte de la base de mi decisión y expliqué por qué en ese caso no era aplicable. Las razones jurídicas que la sustentaron no fueron combatidas por la vía legal. La autoridad desatendió la decisión y con ello quebrantó el Estado de derecho”, advirtió.
Reconoció que su decisión no fue “un acto de rebeldía” sino para defender la independencia judicial ante “el poder”.
“No podía posponer ese examen para después aceptar que las decisiones del poder eran inatacables, tampoco la amenaza de quitarme el cargo podía determinar el sentido de mi decisión. Debía resolver conforme a los elementos del asunto y a las normas aplicables”, aseguró.
La exjueza Martha Magaña y su equipo legal estiman que la resolución podría darse a conocer en unos 15 días. Sin embargo, la juzgadora consideró que el mensaje que envía este procedimiento en su contra podría inhibir el trabajo de otros juzgadores.
“Sancionar una decisión por haber incomodado al poder puede desalentar a otras juezas y otros jueces al resolver con libertad. Quien resiste esa presión es la persona que acude a un juzgado y necesita una respuesta fundada en derecho, incluso cuando su petición cuestiona a quienes gobiernan”, dijo.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores, Emilia Molina, acusó al Tribunal de Disciplina Judicial de realizar una “persecución” contra 15 juzgadores sometidos a procedimientos similares por frenar la reforma judicial.
“Incluso a algunos que ya no viven en el país los están buscando en todos los domicilios, que además ni siquiera están en las denuncias que tenía el Consejo de la Judicatura como parte de nuestros datos personales”, advirtió.