Más de medio centenar de periodistas especializados en la información jurídica y de tribunales han firmado un escrito en el que denuncian la imputación de cuatro redactores por publicar el contenido de un informe de la Guardia Civil de la causa abierta contra el fiscal general del Estado. En el documento, 55 informadores de 27 medios de comunicación censuran la apertura de una investigación que, advierten, “puede afectar gravemente al derecho de la sociedad a una información veraz sobre procedimientos judiciales de enorme trascendencia”.

El secreto profesional de los periodistas y su derecho a no revelar las fuentes están protegidos en la Constitución, y se considera uno de los derechos fundamentales en un Estado democrático. No obstante, una jueza de Madrid ha citado como investigados a cuatro periodistas (de EL PAÍS, El Mundo y 20 Minutos) después de que la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez, también imputada por el Tribunal Supremo, presentara una queja ante el instructor de su causa, el magistrado Ángel Hurtado, por las filtraciones a la prensa del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre su teléfono móvil. Tras recibir la queja, el juez del Supremo dictó una providencia en la que acordaba deducir testimonio y derivarlo al decanato de los juzgados de Madrid, “a los efectos oportunos”.

El caso ha recaído en el Juzgado de Instrucción 20, cuya titular ha imputado a cuatro periodistas por revelación de secretos (artículo 199 del Código Penal) y les ha citado a declarar el próximo 19 de junio.

“Si los periodistas que se han limitado a cumplir con su deber constitucional de difundir informaciones debidamente contrastadas en un asunto de indudable interés público se ven sometidos a investigaciones penales por ejercer su oficio, amparado por el artículo 20 de la Constitución, tanto ellos como sus fuentes de información padecerán el efecto disuasorio (chilling effect) que los tribunales internacionales, europeos y españoles han considerado extremadamente perjudicial para las sociedades democráticas”, señala el texto firmado por los redactores y que estos han remitido a la presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló; al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez Padrón; y a la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco.

La providencia dictada en diciembre pasado por el instructor del Supremo daba curso también a la queja por la misma filtración que había presentado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a otra registrada por el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por fraude fiscal, que ejerce como acusación particular en la causa abierta por el alto tribunal. Todas han recaído en el Juzgado 20 de Madrid, que solo se ha pronunciado por ahora sobre la de la fiscal jefa provincial.

El texto de los periodistas subraya que esas quejas se dirigían contra las partes personadas en la causa del Supremo y en ningún caso a los profesionales de los medios de comunicación, que gozan del secreto profesional que consagra la Constitución Española. “Una garantía frente a las injerencias del Poder que intentase disuadirnos de cumplir con nuestra función constitucional”, añade el escrito firmado por los periodistas, que reivindica “la independencia, profesionalidad y honestidad de los compañeros investigados y de los que pudieran verse en la misma situación en fechas futuras, dado que son múltiples los medios que vienen publicando de igual forma el contenido” de la causa abierta contra el fiscal general.

El informe de la Guardia Civil por cuya difusión se imputa a los redactores es la pieza clave de la instrucción abierta en el Supremo y fue difundido por la gran mayoría de medios españoles, puesto que contenía los mensajes intercambiados por la fiscal jefa provincial con García Ortiz y otros fiscales de Madrid el día en el que se publicó el correo del abogado de la pareja de Ayuso cuya filtración considera delictiva el Supremo. El fiscal general cambió de teléfono móvil y borró todos los mensajes tras su imputación, por lo que los agentes no han podido recabar pruebas que corroboren o descarten su participación en la filtración que se investiga. No obstante, el informe de la UCO apuntaba a que García Ortiz había jugado un “papel preeminente” en los hechos y ese documento sustenta gran parte de la instrucción.