El abuelo de la malagueña Amelia Prieto entró a una residencia de mayores privada en julio de 2022. Lo hizo bajo recomendación del hospital Costa del Sol, de Marbella. No le dejaron ir a verle hasta dos días después y, cuando lo hizo, el lugar le gustó “muy poco” porque había mucha suciedad y no le dejaron ver todas las instalaciones. En la segunda visita vio a su familiar muy deteriorado y en la tercera él le pidió que lo sacara de allí. “Me dijo que le estaban pegando”, señala Prieto, que días después consiguió su objetivo. Entonces llevó al hombre al hospital para un chequeo y le diagnosticaron sarna. “La cogió allí porque estaba todo muy sucio, asqueroso”, recuerda la mujer, que no entiende el abandono que vivían los usuarios del centro y, mucho menos, que haya estado abierto durante una década hasta que la Junta de Andalucía lo clausuró hace menos de un mes por carecer de licencia y por incumplir la normativa arquitectónica. “¿Nadie pasó por allí para ver cómo estaban los mayores en todo ese tiempo?”, se pregunta. La administración andaluza no ha explicado por qué se tardó tanto en cerrar un lugar que carecía de permiso. Tampoco el Ayuntamiento de Málaga.

La residencia La Coracha se ubicaba en una calle sin salida de Cerrado de Calderón, una de las áreas más exclusivas de la ciudad andaluza. Sus instalaciones eran las de una enorme casa con una decena de habitaciones propiedad de María Salud Sotorrío y su marido. Ellos gestionaban allí una guardería hasta que cambiaron de trabajo y hace unos diez años alquilaron el inmueble a dos hermanas, que pusieron en marcha el centro de mayores. Hace casi tres años, Prieto se llevó de allí a su abuelo por las malas condiciones, pero no es la única. Victoria contaba que su padre pasó año y medio tras la recomendación del Hospital Regional de Málaga. Cuando iba a visitarlo “estaba siempre con pipí” y había suciedad por todas partes. Pagaban 1.500 euros al mes.

Las suyas no son las únicas quejas. Las reseñas en Google van por el mismo camino. “Aconsejo a todos los familiares que tengáis allí a vuestro padre o madre que lo saquéis lo antes posible”, decía en 2023 Montse García. “Mil irregularidades que ha pasado mi padre y los demás residentes”, añadía Aurora Cestino. “Dejadez total”, sentenciaba Susana Montero hace un mes, justo cuando se dio a conocer que el centro se cerraba. “Ni ha habido abuelos maltratados ni que no hayan comido. Nada de eso”, se defendía la directora de la residencia, Mercedes Vera, en el programa Vamos a Ver, de Telecinco, este viernes.

Humedades en las paredes

Durante la mañana la vivienda ha ejercido de plató de televisión. Las cámaras y los micros descansaban entre botellas de lejía, electrodomésticos destrozados o un viejo parchís. Numerosas cadenas han hecho allí sus directos para contar la situación en la que encontró el inmueble María Salud Sotorrío hace un mes, cuando sus inquilinas se marcharon. “Dicen que he hecho yo los destrozos, pero esto tiene mucho más tiempo. Es imposible que nosotros hayamos dejado esto así en 15 días”, decía la mujer.

Mostraba las humedades en una de las habitaciones, las estanterías oxidadas de los baños, el suelo levantado de los cuartos de baño, la suciedad acumulada en las zonas compartidas, la piscina sucia, los colchones con orina, los desperfectos en los muebles. Ella, junto a su marido, han limpiado parte de la casa y acumulado muchas pertenencias para tirarlas o donarlas. Hay una quincena de bastones, un par de sillas de ruedas, decenas de paquetes de pañales. La hierba del jardín se levanta ya un metro del suelo. “Ahí dejaban a los abuelos solos”, señalaba la mujer.

Andrés Pérez, abogado de la familia, junto a una empresa antiokupas y un detective privado, entró a la casa el pasado 30 de marzo con un móvil por delante para mostrar los destrozos. Luego han interpuesto una denuncia, en la que subrayan que las inquilinas debían casi 85.000 euros y que en la situación en la que ha quedado la finca y las conductas de las dos personas denunciadas “concurren todos los elementos del delito de daños”, según la denuncia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. “Hemos sufrido muchos daños, pero los que realmente lo han pasado mal son los mayores y sus familiares. No entiendo que se haya permitido esta situación”, añadía la propietaria.

“Hemos cerrado la residencia la Coracha por no cumplir la normativa a instancias de la Inspección de Servicios Sociales de la Delegación Territorial”, decían fuentes de la Junta de Andalucía, donde aclaraban que era un centro privado sin plazas concertadas. El jueves, Patricia Navarro, delegada del Gobierno andaluz en Málaga, aseguraba que se había clausurado tras “varios informes y varias inspecciones” y que no se cumplían los requisitos “en cuanto a normativa arquitectónica”, lo que “podía poner en riesgo la seguridad e incluso la vida de los usuarios”. Ante las preguntas de este periódico, la Junta no ha dado más explicaciones de por qué no se había inspeccionado antes la residencia —que se anunciaba en internet y, además, era recomendada desde hospitales públicos— ni cómo ha funcionado sin licencia. Tampoco ha respondido el Ayuntamiento de Málaga.