La decisión del Ministerio de Transportes de denegar las ayudas que la Junta de Andalucía solicitó para garantizar la gratuidad del transporte a menores de 14 años ha desatado una guerra por parte del Gobierno autónomo que dirige el popular Juan Manuel Moreno con el ministro Óscar Puente. Se trata de una medida que la consejera de Fomento, Rocío Díaz, anunció este lunes que se pondría en marcha a partir del 1 de julio, sin aludir en ningún momento a que estaba sufragada en su totalidad por el Estado y tampoco se hizo mención en la nota de prensa posterior que publicó la Consejería. Esa omisión es la que ha llevado al Ejecutivo a no autorizar los fondos, por entender que se incumple el Real Decreto 1/2025 que exige que en cualquier actividad de comunicación o difusión de iniciativas sufragadas por el Gobierno central, se le cite expresamente. Para la Junta, sin embargo, el rechazo es “el enésimo agravio de un ministro de Pedro Sánchez” a Andalucía, según ha afirmado este miércoles la portavoz regional, Carolina España.

España ha subido el tono, ya de por sí duro, que un día antes utilizó la propia consejera de Fomento tras recibir la carta del ministerio de Transportes en la que se le denegaba la ayuda solicitada, con el que anunció “todo tipo de acciones, incluidas las penas contra el ministro”. “No vamos a permitir chulerías del ministro Óscar Puente. Se va a encontrar con la respuesta y contundencia de los nueve millones de andaluces y de todo el gabinete jurídico de la Junta”, ha advertido la portavoz andaluza, que, sin embargo, no ha concretado qué medidas legales podría iniciar el Gobierno de Moreno.

En todo caso, sí ha adelantado que la Junta no asumirá la gratuidad del transporte a los menores de 14 años si, finalmente, el Ministerio de Transportes no otorga la ayuda: “No estamos en ese planteamiento. No podríamos seguir pagando cuestiones que en otras comunidades financia el Gobierno de España”, ha indicado España, que ha destacado la infrafinanciación que sufre Andalucía –“nos quitan cada año 1.500 millones”- y lo que no se le está abonando por la prórroga de los presupuestos generales –“200 millones menos para la dependencia”-.

La Junta aún no ha calculado el impacto económico de esta medida que afecta a 1,2 millones de andaluces menores de 14 años que serían susceptibles de solicitar esa bonificación del 100% del transporte metropolitano gratuito, ha indicado la portavoz.

Opción de rectificación

El fondo de esta controversia se circunscribe tanto a las declaraciones que la consejera de Fomento hizo el lunes en Granada, como a la literalidad de la nota de prensa posterior. “El transporte metropolitano será gratuito para los andaluces de hasta 14 años a partir del 1 de julio con el uso de la Tarjeta Joven de Transportes de la Junta de Andalucía. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha anunciado esta medida, así como la continuidad de las bonificaciones adicionales en Andalucía para el conjunto de los usuarios del transporte público”, se indica en el comunicado de la página web de la consejería, muy similar al anuncio que hizo Díaz: “A partir del 1 de julio los transportes metropolitanos serán gratuitos con el uso de la tarjeta joven y además vamos a seguir aplicando las bonificaciones adicionales que serán del 40%, como saben ustedes, el 20% corre a cargo del Gobierno y el otro 20% corre a cargo de la Junta de Andalucía”.

Aunque desde la Junta se insiste en que la consejera sí aludió al ministerio, el hecho es que solo lo hizo para las bonificaciones adicionales y no para la gratuidad del transporte a los menores de 14, una medida incluida en un paquete de ayudas que anunció ese Departamento el 13 de marzo de 2025 y cuyo plazo para solicitarlas termina el 30 de abril. Para Transportes esa omisión implica el incumplimiento de los artículos 14 y 16 del Real Decreto Ley 1/2025 que exigen que “todas las actividades de comunicación y difusión sobre la implantación de los descuentos deben incluir de manera expresa que reciben financiación del Ministerio de Transportes, e incluirán el logotipo específico”. “Se trata de un incumplimiento flagrante de la ley”, advierten fuentes de ese departamento.

El delegado del Gobierno, Pedro Fernández, ha instado esta misma mañana a la Junta a que busque “esa vía de contacto y de reconducción, no de amenaza” y ha sugerido que siga la senda de la Comunidad de Madrid, que también se apropió de la medida de gratuidad del transporte a los menores de 14 años a finales de marzo y que, tras ser apercibida vía X por Puente -como ha pasado también con el Gobierno andaluz-, rectificó a través de una carta, informa Javier Arroyo. Sin embargo, no parece que esa vaya a ser la senda por la que vaya a optar el Ejecutivo de Moreno. “La consejera tiene derecho a explicarse y a la libertad de expresión, esto es una reacción infantil y fruto de la vanidad y soberbia de un ministro que trata de agraviar una vez más a Andalucía”, ha insistido España. Con todo, las fuentes de Transporte consultadas ven complicado que una rectificación pueda surtir efecto y recuerdan que en el caso de Madrid, todavía no se habían solicitado las ayudas y las declaraciones no se recogieron en un comunicado oficial.

Pero el objeto de las críticas no solo se ha centrado en Puente. Como viene siendo habitual desde que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, asumiera la secretaría general del PSOE andaluz, desde la Junta se ha querido implicar en esta decisión a la dirigente socialista. “Exigimos a la vicepresidenta que le pare los pies al ministro Puente para que deje de pisotear los derechos de los jóvenes andaluces. ¿Va a ser la ministra Montero cómplice de los agravios de Puente?”, ha dicho España, que también ha apelado a la comparación territorial: “¿Les haría lo mismo al Gobierno de Cataluña o al del País Vasco? Con la dignidad de los andaluces no se juega”.