Otro revés judicial para la ofensiva antimigrante de Donald Trump. Un juez federal dijo este miércoles que ha encontrado causa probable para declarar a la Administración en desacato criminal por desobedecer voluntariamente su orden de detener inmediatamente las deportaciones de venezolanos a El Salvador y dar la vuelta a cualquier avión en vuelo. El juez de distrito James Boasberg concluyó que las acciones del Gobierno el 15 de marzo “demuestran un desprecio deliberado” de su orden que prohibía el traslado de los migrantes a una megacárcel en El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, que solo se ha utilizado tres veces en la historia y siempre en contextos de guerra.

“El tribunal determina en última instancia que las acciones del Gobierno ese día demuestran un desprecio deliberado de su orden, suficiente para que el tribunal concluya que existe causa probable para declarar al Gobierno en desacato penal. El tribunal no llega a tal conclusión a la ligera o precipitadamente; de hecho, ha dado a los demandados amplia oportunidad para rectificar o explicar sus acciones. Ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria”, escribió Boasberg en una decisión de 46 páginas.

Boasberg, nombrado juez federal por el expresidente demócrata Barack Obama, advirtió que podría remitir el asunto para su enjuiciamiento si la Administración Trump no “purga” su desacato. El juez dijo que el Gobierno podría hacerlo devolviendo a la custodia estadounidense a los migrantes que permanecen El Salvador para que “puedan acogerse a su derecho a impugnar su expulsión”.

Boasberg ordenó el mes pasado que el Gobierno diera la vuelta a dos vuelos que transportaban a El Salvador a más de 200 inmigrantes venezolanos y salvadoreños. La Administración los había acusado de pertenecer a la banda criminal venezolana Tren de Aragua, e invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para deportarlos sin ningún debido proceso. Al aterrizar, los migrantes abordo fueron llevados a la Cecot, la infame cárcel de máxima seguridad construida por el presidente del país, Nayib Bukele, donde se han registrado numerosas denuncias de malas condiciones, malos tratos y violaciones de derechos humanos.

“En lugar de cumplir la orden del tribunal, el Gobierno continuó con la operación de expulsión apresurada”, notó Boasberg en su decisión. Y “peor aún”, añadió el juez, es que al día siguiente “las fanfarronadas” de algunos miembros de la Administración Trump “daban a entender que habían desafiado la orden del tribunal deliberada y alegremente”. El magistrado señaló específicamente al secretario de Estado, Marco Rubio, quien retuiteó un post en el que el presidente Bukele se burlaba de la orden del juez.

Aunque el Tribunal Supremo eventualmente anuló su orden judicial, Boasberg concluyó que la Administración Trump la desafió durante las tres semanas que estuvo en vigor. “La Constitución no tolera la desobediencia voluntaria de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios de un poder coordinado que han jurado defenderla”, añadió.

La amenaza de Boasberg de iniciar un procedimiento por desacato se produce un día después de que otra juez federal, en otro caso relacionado con los vuelos de deportación a El Salvador, anunciara que iniciaba su propia investigación sobre si la Casa Blanca había violado una sentencia distinta del Tribunal Supremo que exigía que se liberara y devolviera uno de los migrantes deportados a la cárcel de Bukele.

En el caso de la deportación de Kilmar Abrego García, la jueza de distrito de Maryland, Paula Xinis, reprendió a la Administración este martes por negarse a facilitar el retorno del salvadoreño deportado por “error administrativo”. La magistrada exigió que en las próximas dos semanas el Gobierno proporcione información y pruebas sobre lo que ha hecho —o no ha hecho— para traer al hombre de vuelta. La magistrada también requerirá que varios altos funcionarios del Gobierno declaren para explicar los avances que se hagan.