El derecho a adquirir la nacionalidad por nacimiento en Estados Unidos se discutirá en el Tribunal Supremo el próximo 15 de mayo. Los jueces han decidido admitir el caso por la vía rápida, sin esperar a que se discuta previamente por los tribunales inferiores. Toman cartas en el asunto después de que el Gobierno de Donald Trump hubiera pedido levantar la suspensión cautelar por parte de tres jueces de la aplicación del decreto por el que retiró ese derecho a adquirir la ciudadanía a los inmigrantes que se encuentren en el país de forma irregular.

La admisión del caso se ha decidido en una resolución sin firmar, como es habitual. Lo extraño es que se haya hecho cargo del caso tan rápidamente. Alternativamente, podía haber mantenido o levantado la suspensión y dejar que fueran otros tribunales los que decidiesen. Antes o después, sin embargo, el caso volvería al Supremo, así que el Alto Tribunal ha preferido asumirlo directamente. De momento, hasta que decida, se mantiene la suspensión temporal de la norma.

Inmediatamente, se convierte en el caso estrella de un curso judicial algo menos cargado que los anteriores de asuntos polémicos. Está en juego la interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868, que dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”. Se aprobó para poner fin a la interpretación del Supremo que excluía de forma permanente a las personas de ascendencia africana de la posibilidad de obtener la ciudadanía de los Estados Unidos únicamente por motivos de raza.

En una sentencia histórica de 1898 sobre un inmigrante asiático, en el caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark, el Tribunal Supremo interpretó de modo amplio el contenido de ese texto constitucional, garantizando la ciudadanía automática a prácticamente todos los niños nacidos en el país. Esa interpretación no ha sido puesta en cuestión en más de un siglo y los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos han adquirido inmediatamente la nacionalidad con indiferencia del estatus legal de sus padres.

Donald Trump, sin embargo, en uno de los decretos más polémicos que firmó en el primer día de su segundo mandato como presidente, cambió las reglas con una nueva interpretación. “Nunca se ha interpretado que la Decimocuarta Enmienda extienda la ciudadanía universalmente a todos los nacidos en Estados Unidos”, dice la orden de Trump, que interpreta la cláusula “sujetas a su jurisdicción” de modo más exigente.

Según el decreto del presidente, el privilegio de la ciudadanía estadounidense no se extiende automáticamente a las personas nacidas en Estados Unidos cuando la madre de dicha persona se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y el padre no era ciudadano estadounidense o residente legal permanente en el momento del nacimiento de dicha persona, o cuando la presencia de la madre de dicha persona en Estados Unidos en el momento del nacimiento era legal, pero temporal (como, como, por ejemplo, una visita a Estados Unidos o con un visado de estudiante, de trabajo o de turista) y el padre no era ciudadano estadounidense o residente legal permanente en el momento del nacimiento de dicha persona.

Trump y sus seguidores han argumentado que deberían existir normas más estrictas para obtener la ciudadanía estadounidense, a la que calificó de “un regalo invaluable y profundo” en el decreto que firmó el 20 de enero.