Cuando falta solo un mes para el ecuador del mandato en el Ayuntamiento de Barcelona, el principal partido de la oposición y ganador de las elecciones, Junts, pretendía este viernes escenificar en el pleno la soledad del alcalde Jaume Collboni, que gobierna con solo 10 concejales de 41. Los postconvergentes llevaron al pleno una reprobación al primer edil por su gestión de la seguridad en la ciudad y buscaban dificultar la aprobación de las subvenciones nominativas a 321 entidades que suman casi 26 millones de euros. Pero comunes y ERC salvaron al socialista en las dos ocasiones, en una exhibición del eje izquierda-derecha en el pleno, porque PP y Vox sí apoyaron a Junts.

Barcelona en comú, además, en una hábil maniobra ante la posibilidad de que cayeran la subvenciones, permitió la aprobación de las ayudas a cambio de que el Gobierno municipal retirara la de la feria inmobiliaria The District (250.000 euros), que reúne a grandes tenedores y fondos de inversión. Quien sí fue reprobada por segunda vez este mes fue la teniente de alcalde Laia Bonet: hace dos semanas por el retraso en el plan de rehabilitación del barrio del Besòs y en el pleno por su gestión en el conflicto laboral en la perrera municipal (con los votos de los comunes, Junts y PP, impulsor de la propuesta).

En el debate sobre la reprobación, los comunes rechazaron hacerlo por las cuestiones de seguridad. “Motivos para reprobarle no nos faltan, pero no nos gursta hacerlo por las políticas de seguridad”, consideró el concejal Marc Serra. ERC, a su turno, apostó por trabajar para buscar soluciones. Mientras, Junts, PP y Vox pintaron un panorama de inseguridad creciente en la ciudad. El presidente del grupo municipal de Junts, Jordi Martí, aseguró que “hay un problema muy grave de convivencia” en barrios como el Raval o Sant Antoni y citó incidentes recientes como heridos por arma blanca, un incendio en la boca de metro de Sant Antoni, o comercios que cierran hartos de robos. “Son situaciones ante las que necesitamos actuación”, ha considerado. “Pedimos la reprobación política del alcalde como máximo responsable de la seguridad, mejorar los dispositivos de seguridad y evaluar la ordenanza de convivencia”.

Por parte del PP, Daniel Sirera, aseguró que “después de seis años de Albert Batlle al frente de la tenencia de alcaldía de seguridad Barcelona se ha convertido en la ciudad más insegura de España y la sexta de Europa”. Gonzalo de Oro, de Vox, pidió “mano dura y deportaciones masivas [de delincuentes de origen migrante]”. El alcalde ha pedido la palabra para responder los bancos donde se sientan Junts, PP y Vox y les anunció que durante el primer trimestre de este año los hechos delictivos se han reducido un 8% (de 44.691 a 41.124). Del total, 35.512 son delitos contra el patrimonio, un 9% menos que el mismo periodo del año pasado.

Alquiler de temporada y cruceros

En el pleno también se abordó la regulación del alquiler de temporada, con una propuesta en la que los comunes apremiaron al ejecutivo municipal socialista a tramitar la modificación urbanística que permitiría regularlo con normativa de la ciudad. La teniente de alcalde de Urbanismo votó a favor del texto, pero aclaró que ha encargado a un gabinete jurídico externo un estudio para que, vistas las alegaciones presentadas, la modificación urbanística “cuente con un aval jurídico reforzado”. Bonet dejó claro a la presidenta de los comunes en el consistorio, Janet Sanz: “No lo haremos con prisa, no podemos permitirnos que sea débil”.

Sanz, a su turno, preguntó al alcalde sobre las negociaciones con el Puerto de Barcelona en relación a su compromiso de cerrar terminales de cruceros, algo que no será materialmente posible hasta 2027. Collboni ha respondido pidiendo “un tiempo razonable” y ha asegurado que el acuerdo se alcanzará “este mandato”. “Ustedes en el Gobierno municipal tardaron tres años a llegar al acuerdo de 2018 que ahora hemos enmendado” y “que ha permitido el crecimiento de cruceros”, ha recordado a la líder de los comunes en Barcelona.

Plan para La Masia del Barça

Durante el pleno también se aprobó un expediente urbanístico para la reforma de la Masia del Barça, Can Planes, en el distrito Les Corts, que se convertirá en la sede social del club. Votaron a favor el Gobierno municipal, Junts y ERC; mientras comunes, PP y Vox se abstuvieron. Es una cuestión delicada, porque la Fiscalía está investigando, a raíz de denuncias vecinales, si el patrimonio de la construcción fue destruido o sufre riesgo de serlo. La teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet defendió la rigurosidad de un plan que “cuenta con e informe favorable de patrimonio y en el que se han incorporado alegaciones presentadas” y que intervenciones realizadas entre 2016 y 2019 que fueron objeto de denuncia acabaron en una sanción que el club pagó. “El plan no regula la obra ya hecha, sino la que se podría hacer, la denuncia de Fiscalía no tiene nada que ver con este plan”, afirmó.