Cuando Juliana Londoño Vélez, profesora de la Universidad de California en Los Ángeles, y Estefanía Saravia, candidata a doctorado en la misma institución, decidieron hace tres años iniciar una investigación sobre las consecuencias de la omisión al aborto, vaciaron una pizarra para dibujar un gráfico que comparara la situación de los hombres y las mujeres en el mercado laboral. La línea de los varones se mantuvo bastante estable a lo largo de los años, independientemente de si eran padres o no. La de las mujeres descendía estrepitosamente desde el momento en que quedaban embarazadas. Cuando se añadía la variable de querer acceder a un aborto y que les fuera negado, la línea de las mujeres caía casi en vertical. También se disparaban las probabilidades de morir o de enfermarse. “Negar un aborto tiene consecuencias brutales en la mujer, sus hijos y los fondos del Estado”, zanja Londoño.

Las mujeres a quienes se les niega la interrupción voluntaria del embarazo tienen 161% más probabilidades de morir en los nueve meses siguientes, principalmente por septicemia e infecciones, lo que sugiere el uso de métodos inseguros para abortar. Esto supone que prácticamente se triplica (2,6) la posibilidad de una muerte prematura. Asimismo, aumenta en un 47% la probabilidad de vivir en pobreza extrema o moderada.

Estos son algunos de los estremecedores datos que recogió el pionero estudio El impacto de la negación de un aborto deseado en las mujeres y sus hijos, realizado por ambas colombianas y presentado a finales de abril por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres en la Universidad de los Andes. Su informe, centrado en los años en los que el aborto se despenalizó solo en tres causales (2006-2022), arroja luz a las consecuencias atroces de esos huecos en la ley o la mala praxis de funcionarios públicos.

En mayo de 2006, el aborto dejó de ser un delito en Colombia al menos en tres excepciones: cuando la salud física o mental de la madre corría peligro, cuando el embrión presentaba malformaciones incompatibles con la vida o cuando el embarazo era fruto de una violación o incesto. Estas tres causales permitieron a miles de mujeres a poner fin a un embarazo no deseado o riesgoso, pero también abrió la puerta a muchos doctores y jueces que se oponían a este avance en derechos sexuales a excusarse en la objeción de conciencia y la burocracia para entorpecer estos procesos.

Hasta 2022, cuando se despenalizó por completo el aborto, por cada interrupción voluntaria del embarazo practicada, se interponían 1,6 tutelas en Medellín, solicitando jurídicamente acceso a este derecho. De ellas, prácticamente la mitad eran rechazadas. Y uno de los común denominadores de las sentencias negativas era el sexo del juez que la recibía. Si el caso lo llevaba un juez varón, había un 20% más de posibilidades de que la resolución fuera negativa. Cuando la solicitud de aborto tenía que ver con una violación o incesto, la brecha alcanzaba los 40 puntos porcentuales. “Fue muy impactante corroborar que la vida de las mujeres depende de si el juez es hombre o mujer”, reconoce Londoño.

La académica señala que en Medellín, una de cada tres personas del estrato socioeconómico más bajo pondrá en algún momento de su vida una tutela, lo cual corrobora que esta es una herramienta clave para las clases populares. El perfil de las tutelas analizadas para los casos de aborto muestra que las soliciantes rondaban los 28 años, el 22% ya tenía un hijo, el 41% estaba casada y en promedio lo solicitaban en la semana 14 de gestación. El 88% de las mujeres solicitaba una interrupción del embarazo porque la gestación o el parto ponía en riesgo su vida.

Este estudio es la continuidad de una vasta literatura científica que ha probado que las sentencias de los jueces suelen ser similares independientemente del sexo del magistrado o magistrada, menos cuando se trata de temas vinculados al género. Ya hay estudios que hablan de las diferencias en la decisión en casos de violencia de género y acoso laboral, explica Londoño. “Ahora podemos probar que el aborto se suma a la lista”, añade.

Ambas académicas siguieron el recorrido de las mujeres a las que se le negaba el derecho al aborto durante seis años. El resultado es que, a largo plazo, enfrentan 62% más de probabilidad de sufrir problemas crónicos de salud. Las posibilidades de terminar bachillerato cae en 43% y la participación laboral disminuye en 63%. “Aún las que sobreviven y no mueren, sigue sufriendo de problemas de salud crónicos, ya sea por las dificultades del embarazo o el parto o por la consecuencia de abortos incompletos o inseguros. Esto implica que van a recibir atención médica, lo cual es una gran carga para el Estado”. Una de las pocas conclusiones positivas del informe es que a una gran parte de estas chicas les está llegando un subsidio estatal que, según la investigadora principal, “suaviza la caída”.

La modificación forzada de la familia

La intervención u omisión del Estado en esta materia, también ha moldeado miles de familias colombianas. Ese es otro de los resultados más contundentes de esta investigación. Con los años, estas mujeres forzadas a ser madres acaban encabezando familias uniparentales, porque la omisión del aborto dispara las cifras de divorcios y las maternidades solteras en un 212%.“No es solamente que se les esté obligando a ser mamás, es que modifican su vida económica y la estructuras de miles de familias… Las están induciendo a ser madres solteras, con todas las cargas para ellas y para sus hijos ya nacidos que eso supone”, insiste.

Esto fue algo que también pusieron bajo la lupa. ¿Afecta la negación del aborto a los hijos que ya habían nacido? La respuesta contundente de ambas es que sí. La primera razón es porque los ingresos de cada hogar afectado se ven mermados en un 20%. La segunda, explican, es que el primer comportamiento de familias vulnerables que ven recrudecida su situación es similar: sacar a los menores del sistema educativo y ponerlos a trabajar. Es por ello que detectaron alarmantes tasas de abandono escolar y grandes indicadores de que serán propensos a dejar la escuela o los estudios superiores.

Una de cada cuatro mujeres en el mundo abortará en en algún momento. Actualmente, el 40% de ellas viven en un país con restricciones parciales o penalizaciones absolutas. Es por ello que durante la presentación del informe, Ana Cristina González, una de las activistas que sacudió al país hasta lograr la despenalización del aborto en Colombia, se toma unos segundos para respirar e imaginar qué cifras estará dejando la prohibición en el mundo. Londoño no puede evitar preguntarse si hoy, con una ley que permite el aborto bajo cualquier circunstancia hasta los seis meses de gestación, las tutelas han caído a cero. “Probablemente no, pero eso da para otra investigación”, resume.