Apenas 10 horas después de haber pedido licencia, el senador Enrique Inzunza, acusado en Estados Unidos de vínculos con el Cártel de Sinaloa, pidió retornar a su escaño como legislador.
“Con fundamento en el artículo 14 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, me permito informarle de mi reincorporación al cargo de Senador de la República, a partir del día 29 de mayo del presente año, para los efectos legales conducentes. Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo”, dijo Inzunza en su comunicación.
La licencia de Inzunza fue aprobada por el pleno del Senado después de las 5:00 de la tarde del 28 de mayo, cuando comenzó la discusión de tres dictámenes de reformas en materia electoral y al Poder Judicial, propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum y el diputado Ricardo Monreal.
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Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, reveló que habló con Inzunza para pedirle que solicitara licencia, a fin de que su presencia este jueves y viernes en la cámara alta no se convirtiera en un “show” por parte de la oposición.
“Sí yo lo platiqué (con Inzunza) porque yo tengo que asumir esa responsabilidad del interés, primero, de preservar la discusión y el debate en el Senado, porque somos la mayoría y tenemos nosotros el mayor interés de que se fortalezca el andamiaje constitucional del Poder Judicial”, indicó.
Aunque la mañana del jueves, Inzunza Cázares informó en un mensaje en sus redes sociales que se encontraba en la Ciudad de México, incluso dentro del Senado, el legislador no pudo ser visto por trabajadores ni por sus propios compañeros de bancada.
Por la noche, el medio de comunicación RíoDoce publicó un video y fotografías donde se observa al senador Inzunza en una ceremonia de graduación de su hijo en el Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Culiacán. Según el medio, dicho evento se habría realizado la noche del 28 de mayo.
El Departamento de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) hizo pública la acusación formal en contra del gobierno de Sinaloa a manos de Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve funcionarios, entre ellos Inzunza, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y por usar sus cargos para beneficiar a esa organización del crimen organizado, en especial a la facción de “Los Chapitos“.