La Administración General del Estado (AGE) ha acordado este miércoles con los sindicatos de función pública el IV Plan de Igualdad para sus empleados públicos (el 95% de ellos, funcionarios de carrera). La principal novedad del acuerdo es que, por primera vez, los responsables de la Administración estatal auditarán los sueldos de sus trabajadores a través de un estudio completo sobre la brecha salarial de género, para eliminar las discriminaciones retributivas que pudieran detectar.

Según han detallado en el sindicato de funcionarios Csif, presente en la Mesa General de la AGE junto a CC OO, UGT y CIG, la auditoría se acompañará de un plan de actuación “vinculante” para corregir cualquier diferencia que no responda a criterios objetivos de puesto o desempeño. E incluirá también “la obligación de publicar boletines anuales con medias, medianas y evolución de la brecha salarial de género”.

“Aunque las Administraciones públicas son un ámbito que debería ser ejemplar” en esta materia, señala el sindicato, el salario medio de las empleadas públicas es de media un 10,5% inferior al de sus colegas varones. En concreto, ellas cobran en promedio 32.137 euros anuales, frente a los 35.908 euros que perciben los hombres.

Esto se debe en parte a que a pesar de que la Administración estatal tiene mayor presencia de mujeres (hay un 55% más de ingresos de trabajadoras en las oposiciones), su presencia se concentra sobre todo en los niveles inferiores de la estructura organizativa y salarial. Esta tendencia solo se invierte en el personal laboral, con un menor número de trabajadores, pero una mayor presencia femenina en los niveles de mayor cualificación.

Para intentar equilibrar la situación, el acuerdo alcanzado aborda también la representación equilibrada en la alta dirección. Así, se llevará a cabo una monitorización anual de los puestos a partir del nivel 28, así como de otros cargos directivos, para garantizar la presencia de mujeres en los espacios de toma de decisiones.

En UGT Servicios Públicos destacan las novedades referidas a la conciliación, como la ampliación de la jornada intensiva de verano del 1 de junio al 30 de septiembre al personal que tenga a su cargo mayores dependientes. Hasta ahora solo podían acogerse a este horario quienes cuidaban de menores de 12 años y personas con discapacidad igual o mayor al 33%.

Asimismo, la federación ugetista que ahora dirige Isabel Araque destaca haber conseguido una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público para que el permiso para el cuidad de un hijo menor con cáncer u enfermedad grave pueda acumularse en jornadas completas.

Sin avance en materia salarial

Sin embargo, en la reunión de la Mesa General de la AGE de este miércoles —que precede a otra que se celebrará este jueves para diseñar la oferta de empleo público de este año— no se ha producido ningún avance en materia salarial. Así fuentes de la negociación aseguran que los responsables del Estado han asegurado que “no tienen instrucciones” para avanzar ni con la fecha en la que se abonará el incremento retributivo del 0,5% retroactivo desde el 1 de enero de 2024 que aún está pendiente, ni para abordar el siguiente acuerdo plurianual de empleo y salarios. El pasado 20 de mayo, el ministro de Función Pública, Óscar López, señaló que el Ejecutivo abordaría “en breve” la subida salarial del 0,5%.