Lo iba diciendo todo Mérida. Así lo declaró un testigo, al que uno de los acusados, el presunto líder de la trama, le propinó un tortazo en el calabozo cuando lo escuchó delatarlo a gritos. Lo apodaban El Canario, pero en realidad era el agente Javier G., cabecilla de un grupo de agentes de la Policía Nacional de Mérida que debían perseguir el narcotráfico en la región, pero que según el auto del juez, formó una banda criminal con placa y uniforme entre 2017 y 2021. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Mérida (Badajoz) ha propuesto este miércoles juzgar a seis agentes, cinco de los cuales formaban parte del Grupo de Estupefacientes de Mérida, por unos hechos insólitos: los uniformados no solo se dedicaban a traficar con marihuana y cocaína, según el auto, sino también a desvalijar las casas y robarles desde un reloj hasta aparatos de aire acondicionado.

Parece difícil imaginarse que alguien en esta ciudad de unos 70.000 habitantes no supiera lo que tramaba el Grupo de Narcóticos. Porque, según lo que muestra el auto de cierre de la instrucción al que ha tenido acceso EL PAÍS, la discreción no parecía una prioridad. Se enviaban por WhatsApp fotos con fardos de hachís, según adelantó elDiario.es, regateaban el precio por kilo de droga, se les quemó una de las plantaciones de marihuana que gestionaban y se coordinaban por ahí para tapar la mercancía. Una cámara colocada por Asuntos Internos en el despacho que tenían en la comisaría se les veía cómo sacaban y metían dinero en efectivo de los cajones.

El juez ha calificado de organización criminal a la banda de policías uniformados, que saquearon una vivienda en una operación antidroga, y robaron desde un reloj de oro blanco y dinero en efectivo hasta un taladro, una radial y un aparato de aire acondicionado que según el auto uno de ellos no tuvo problema en instalar después en su casa en el campo. “El tenor de las conversaciones evidencia que es una práctica habitual entre ellos apropiarse de objetos en las operaciones de entradas y registros”, señala el juez, José Agustín Agenjo. En uno de los WhatsApp intervenidos, el inspector Francisco Javier N. avisaba a sus socios en el grupo llamado Narcóticos: “Aquí podéis hacer bien el rabúo” [los investigadores creen que era la manera de decir que el grupo podía robar a mansalva]. “Me voy a jartá”, respondía El Canario.

“El Grupo de Estupefacientes actuaba como una organización criminal en la que todos los integrantes participaban de manera concertada y coordinada, repartiéndose las tareas o las funciones”, escribe el juez en su resolución. “Es revelador el papel predominante del policía Javier G., quien ejerce realmente las funciones de dirección y coordinación que debería tener el inspector del Grupo”, concluye el magistrado.

Además, los policías nacionales están acusados también de quedarse dinero de los traficantes en los registros cuando no estaba presente el secretario judicial, como es el caso que señala el auto de un registro en marzo de 2021: “Se apropiaron de un reloj de oro blanco y de dinero en metálico”. También, de robar miles de euros en material para las plantaciones de marihuana y entregárselo después a sus confidentes; de provocar entregas de droga para sumar detenidos e incautaciones; de avisar a sus colaboradores de que otros agentes les investigaban; y también de compartir plantaciones de marihuana y sus beneficios con traficantes de la zona.

El juez ha decretado el sobreseimiento para otros 10 investigados, entre los que se encuentra el padre de El Canario, quien también fue policía de narcóticos en Mérida y llegó a trabajar con su hijo. Junto a los seis policías procesados hay otros nueve acusados, ajenos al Cuerpo Nacional de Policía. El magistrado Agenjo considera a Gema S., esposa de El Canario, partícipe a título lucrativo de la trama, por haberse beneficiado del dinero obtenido ilícitamente por su marido. Una revisión de sus cuentas registró 77.458 euros procedentes de ingresos en efectivo.