El Gobierno de Gustavo Petro ha suspendido de manera indefinida la extradición de Willinton Henao, alias Mocho Olmedo, jefe del Frente 33 de las de las disidencias de las FARC. Así lo prueba una resolución filtrada este martes y firmada el pasado 20 de junio. El Ejecutivo afirma que paralizará la entrega del guerrillero, acusado de delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero, mientras “contribuya con aportes verificables y resultados concretos en el proceso de la consecución de la paz total”, según el documento firmado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

Petro ha defendido la decisión en X: “La ley me permite detener extradiciones si hay un avanzado proceso de paz”. Para el presidente, el diálogo con el Frente 33 es crucial para remover “las causas de la violencia”, entre las que destaca la economía ilícita. “La extradición del señor Olmedo depende de si se sustituyen miles de hectáreas de cultivos ilícitos o no”, ha agregado. Montealegre ya había adelantado en una entrevista con AFPque dejarían de extraditar a aquellos que “colaboren efectivamente” con los diálogos de paz, así estén “en la insurgencia”.

El diálogo con el grupo que comanda Olmedo es uno de los más avanzados de la paz total, la política de Estado implementada por Petro, con la que busca ponerle fin al conflicto armado a través de las negociaciones con los múltiples grupos armados que dominan varias zonas del país. La estrategia no ha tenido los frutos que el presidente prometió al inicio de su mandato, por lo que el Gobierno quiere rescatar cualquier posibilidad de preservar cualquier progreso.

El llamado Frente 33 forma parte del Bloque Gentil Duarte, a su vez una de las estructuras que integran el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), una federación de grupos disidentes que negocia la paz con el Gobierno. Este microgrupo fue el primero en pactar una zona de ubicación temporal en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, en la que se concentrarán al menos 500 disidentes. El objetivo es que este primer grupo comience a dejar las armas y regrese a la vida civil.

A mediados de febrero, apenas unos días después de que fuera nombrado delegado en la mesa de diálogo, Mocho Olmedo fue detenido con fines de extradición. Otty Patiño, comisionado de paz, afirmó que estaban conversando ya con Estados Unidos para “tramitar esto de una manera amable, tranquila y cordial”. A finales de mayo, Noticias Caracol reveló que, en vez de haber sido recluido en una prisión, Olmedo estuvo 55 días en un apartamento en Chapinero, un barrio céntrico de Bogotá, custodiado por la Dirección Nacional de Inteligencia. Desde entonces ya se puso en duda que el Ejecutivo seguiría adelante con la extradición.

La suspensión de la entrega a Estados Unidos de Olmedo ocurre un mes después de que el Ejecutivo tomase una decisión similar en favor de otro líder guerrillero: Gabriel Yepes Mejía, alias HH. Es el comandante de los Comuneros del Sur, el frente disidente de la guerrilla del ELN en el departamento de Nariño que mantiene abierto el diálogo, en una de las mesas más avanzadas de la paz total. Carlos Augusto Erazo, el jefe del equipo negociador del Gobierno, ya había advertido, antes de que Mejía fuese detenido, que si era enviado a Estados Unidos, “mata el proceso”, manifestó en una entrevista con El Espectador.

La nueva postura de Petro tensa las costuras de la relación con Washington, ya maltrecha por la política migratoria y por el acercamiento del presidente a China. El presidente colombiano se juega que su homólogo estadounidense, Donald Trump, decida no renovar la certificación de Colombia como “socio antidrogas” y se expone perder la mitad de la asistencia de Estados Unidos a las Fuerzas Militares. Además del freno a las extradiciones de personas buscadas por Washington por delitos de narcotráfico, el país está en el ojo del huracán después de que la ONU revelase la semana pasada que la producción de cocaína aumentó un 53% en 2023.