Una inédita decisión de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica dejó este martes en manos de la Asamblea Legislativa, dominada por fuerzas opositoras, la posibilidad de despojar de la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que se siente en el banquillo de los acusados, en un juicio por presunta corrupción con dinero del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

A 10 meses de vencerse el periodo presidencial que comenzó en mayo de 2022, Chaves queda a expensas del poder legislativo dominado por grupos opositores; el oficialismo sólo tiene ocho de 58 escaños. Con una mayoría calificada (dos tercios), pueden desaforar al mandatario, como pidió en abril la Fiscalía General de la República al presentar una acusación contra él y su ministro de Cultura, Jorge Rodríguez.

Chaves y su antiguo jefe de despacho están acusados del delito de concusión, que consiste en incidir para desviar bienes públicos en favor de un tercero. En este caso y, según la acusación, lo habrían hecho a favor de un asesor presidencial llamado Federico Cruz, quien indebidamente obtuvo 32.000 dólares procedentes de fondos donados por el BCIE para servicios de comunicación en la Presidencia, de acuerdo con la tesis de la fiscalía.

Chaves, que en los últimos meses ha profundizado su enfrentamiento con el Poder Judicial y con la Asamblea Legislativa, se expondría a una pena de cárcel de entre dos y ocho años, como establece la ley para el delito que le atribuye la Fiscalía.

El expediente judicial trata del supuesto desvío de una parte del dinero que se le había pagado a un publicista llamado Christian Bulgarelli, a quien funcionarios del despacho del Presidente le encargaron redactar los términos del contrato que acabó adjudicándosele por 400.000 dólares. Después se le pidió entregar una parte de esos recursos al asesor Cruz, quien supuestamente los utilizó para pagar parcialmente una casa propia.

La investigación del caso incluyó una serie de audios que entregó a la prensa la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien había grabado conversaciones comprometedoras durante los 10 meses en que trabajó junto al mandatario, quien tiempo después la calificó como “criminal confesa”.

En todo momento, Chaves ha rechazado responsabilidad alguna en ese caso y más bien ha culpado a Christian Bulgarelli, a quien el BCIE sancionó por siete años sin posibilidad de contratar sus servicios, pues le atribuyó “prácticas prohibidas de fraude y colusión”. El publicista, por su parte, asegura que en todo momento actuó guiado por indicaciones de la Presidencia y que fue directamente Chaves quien le ordenó entregar los 32.000 dólares a Cruz como aparente retribución por la adjudicación del contrato financiado por el BICE.

Las responsabilidades sobre ese caso podrían ser el objeto de un juicio al presidente y a sus ministros si los diputados acogen la solicitud hecha este martes por la Corte, un acto que nunca se había registrado en la política del país más estable de Centroamérica, aunque sometido en últimos años a enfrentamientos entre los poderes e incluso dentro de ellos.

Pese al voto mayoritario de 15 magistrados de la Corte, siete se opusieron a pedir el levantamiento de la inmunidad por considerar que no hay pruebas suficientes para elevar el caso a juicio. El máximo tribunal del país también deberá analizar en semanas próximas si toma una decisión igual ante otra acusación que pesa sobre Chaves y colaboradores suyos, relacionada a supuestos financiamientos ilegales en la campaña electoral del 2022.

Aunque cuatro horas después de conocerse la votación en sede judicial no había reaccionado la Presidencia, su principal vocera en la Asamblea Legislativa, Pilar Cisneros, calificó la decisión como “injusta” y “ridícula”. “Los magistrados siguen cavando la tumba de la credibilidad del Poder Judicial”, dijo la oficialista a tono con las constantes críticas a magistrados, jueces, fiscales y responsables de la Policía Judicial. Días atrás, ella dijo que el fiscal general, Carlo Díaz, sólo quiere afectar a quienes trabajan por lograr en las elecciones de febrero 2026 la continuidad del chavismo.

Chaves goza de un apoyo que ronda la mitad de la población, según encuestas del mes de abril, mientras intensifica los señalamientos contra los poderes formales e informales que lo critican o se oponen a él. Aunque no puede reelegirse de manera inmediata, se espera que el mandatario designe a un representante suyo para la candidatura presidencial y se identifiquen los partidos afines que intentarían conformar a partir de 2026 una mayoría chavista capaz de hacer cambios a la Constitución Política, como ha invocado el presidente.