El anuncio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que faculta a las Policías Auxiliares y de la Bancaria e Industrial para imponer infracciones, ha desatado indignación y rechazo entre automovilistas, transportistas y choferes de aplicación. Los usuarios de las vías capitalinas denuncian de manera unánime que esta medida representa un inminente “caldo de cultivo” para la corrupción y la extorsión policial.
Entre las principales quejas destaca la falta de preparación de los uniformados respecto al reglamento de tránsito, así como el temor generalizado de que la disposición se utilice únicamente para exigir sobornos en un contexto de crisis económica.
Frente al descontento ciudadano, las autoridades han intentado matizar el alcance de la norma aclarando que no todos los elementos podrán multar, sino únicamente 123 oficiales que acreditaron un curso de 80 horas en la Universidad de la Policía.
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La polémica decisión es una medida temporal vinculada a las demandas de movilidad por el Mundial de Futbol en la Ciudad de México.
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