La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal acusó a los magistrados de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de haber determinado “con carencia argumentativa y sin prueba alguna” que el presidente Andrés Manuel López Obrador coaccionó el voto a través de sus conferencias del 9 y 11 de mayo de 2023.
A través de un comunicado, anunció que presentó un recurso de revisión para que la Sala Superior del TEPJF analice nuevamente los hechos y revoque la sentencia “por carecer de los elementos mínimos de fundamentación“.
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La Consejería tachó de “pitonisos” a los magistrados por haber determinado que López Obrador tuvo la intención de implementar un “mecanismo de presión para dirigir el sentido del voto de la ciudadanía” mediante su “simple expresión” sobre los programas sociales.
“Sin prueba alguna, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) afirma falsamente que existe uso indebido de programas sociales y coacción al voto por parte del titular del Poder Ejecutivo Federal”, se lee en el escrito.
Añadió que los magistrados omitieron explicar cómo es que “una simple expresión” repercutió en los sufragios de 35 millones de personas, que habrían dado el triunfo a Claudia Sheinbaum.
“Los magistrados que integran la Sala Especializada del TEPJF no explican, al menos, cuál programa social fue utilizado de forma indebida y, menos aún, de qué forma se materializó el condicionamiento a los beneficiarios y cómo esa circunstancia se tradujo en la coacción a la ciudadanía para votar en determinado sentido”, continúa el comunicado.
#ComunicadoPresidencia
Irresponsable, que magistrados electorales califiquen como coacción del voto expresiones del presidente de la República.
Con evidente carencia argumentativa y sin prueba alguna, la Sala Regional Especializada del @TEPJF_informa también afirma falsamente… pic.twitter.com/ndExIzOncC
— Gobierno de México (@GobiernoMX) July 19, 2024
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Señaló además que los argumentos presentados por los miembros de la Sala Especializada son tan “generales y banales”, que el magistrado Rubén Lara Patrón se vio obligado a deslindarse de lo expuesto, aunque recalcó que, el 11 de julio, votó a favor del proyecto.
