La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua informó que el pasado 9 de enero de 2026, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con sede en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025 a favor del Juez Penal Federal.
Ante esta determinación, la Fiscalía Anticorrupción fijó una postura firme al sostener que los recursos investigados, cuyo presunto desvío, distracción y disposición indebida ascienden a 98.6 millones de pesos, son de carácter plenamente estatal.
La institución subrayó que el ejercicio de la acción penal llevado a cabo por la Fiscalía Anticorrupción, derivado de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), se realizó conforme a derecho y dentro del marco legal vigente, acción que fue validada por un órgano jurisdiccional local al librarse la orden de aprehensión correspondiente.
Asimismo, la Fiscalía señaló que el Ministerio Público Federal carece de competencia y legitimidad para atraer el caso, al tratarse de un delito de corrupción tipificado en el artículo 270 del Código Penal del Estado de Chihuahua como peculado agravado, el cual corresponde al ámbito de competencia estatal.
Indicó también que la actuación de las autoridades locales se encuentra plenamente fundada en el Estado de Derecho, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en el Pacto Federal mexicano, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Fiscalía Anticorrupción precisó que mantendrá vigente la carpeta de investigación, debido a que continúa surtiendo plenos efectos legales la suspensión definitiva otorgada dentro del juicio de amparo 2288/2025-I-1, promovido por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua y concedido por la Jueza Décimo de Distrito, la cual protege las prerrogativas de la víctima, representada por la sociedad chihuahuense.
El organismo aclaró que es fundamental distinguir entre dos procedimientos jurídicos distintos: por un lado, el conflicto competencial, en el que únicamente participan el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos y el Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal; y por otro, el juicio de amparo, cuyas partes son la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, los ciudadanos chihuahuenses, el imputado identificado como J.C.J., así como la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua en calidad de tercero interesado.
Finalmente, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua reiteró su compromiso permanente e inquebrantable con el combate a la corrupción, la aplicación estricta de la ley y la observancia irrestricta del debido proceso, garantizando en todo momento los derechos de las víctimas.
Este organismo autónomo afirmó que continuará defendiendo la competencia estatal sobre los recursos que integran el erario chihuahuense, así como la legalidad y solidez jurídica de sus investigaciones, subrayando que los procesos de procuración e impartición de justicia deben desarrollarse al margen de cualquier consideración política y en estricto apego al marco constitucional y legal vigente.