Al menos 40 personas habrían perdido la vida durante la operación militar que Estados Unidos ejecutó el sábado en territorio venezolano, de acuerdo con un funcionario del Gobierno de Nicolás Maduro consultado por The New York Times. La fuente, que pidió permanecer en el anonimato, aseguró que entre las víctimas se encuentran tanto civiles como elementos de las fuerzas armadas venezolanas.
La ofensiva estadounidense se llevó a cabo con el objetivo de capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes posteriormente fueron trasladados a Nueva York. Aunque la administración de Donald Trump ha evitado confirmar el número de fallecidos en Venezuela, el presidente aseguró en conferencia de prensa que “no hubo bajas estadounidenses”, aunque sí insinuó que algunos soldados resultaron heridos durante la misión.
En contraste, conforme avanzaron las horas tras el ataque, comenzaron a revelarse testimonios sobre el impacto en zonas civiles, particularmente en Catia La Mar, una comunidad costera de bajos ingresos ubicada al oeste del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. De acuerdo con el diario neoyorquino, un bombardeo alcanzó un edificio residencial de tres plantas, derribando una pared exterior y causando la muerte de Rosa González, de 80 años. Un familiar relató que otra persona resultó gravemente herida en el mismo incidente.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, también proporcionó detalles adicionales en una conferencia realizada en Mar-a-Lago, donde acompañó al presidente Trump. Caine informó que varios helicópteros estadounidenses que participaban en la extracción de Maduro recibieron fuego desde tierra, e incluso uno de ellos fue impactado. No obstante, aclaró que la aeronave “continuó operando” y que, por protocolo, toda la flotilla regresó tras la agresión.
Pese a los señalamientos del Gobierno venezolano sobre el número de víctimas, hasta el momento no existe una cifra oficial verificada de personas fallecidas o heridas en territorio venezolano, mientras organismos internacionales demandan acceder al país para evaluar el impacto humanitario del ataque.