La tecnológica OpenAI acordó pagar 3.2 millones de dólares por violar las leyes de inmigración al discriminar a trabajadores ciudadanos estadounidenses y preferir a extranjeros con visas temporales en sus contrataciones, anunció este martes el Departamento de Justicia (DOJ).
Una investigación del DOJ reveló que OpenAI no anunciaba en su sitio web de empleo los puestos asociados con la Certificación Laboral Permanente (PERM), el paso obligatorio para que trabajadores con visa puedan obtener su residencia permanente, a pesar de que su práctica habitual era hacerlo con otros empleos que buscaba llenar.
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Las leyes de inmigración de EE.UU. permiten a los empleadores estadounidenses patrocinar a trabajadores para obtener la residencia permanente, pero si no encuentran trabajadores cualificados en el país, entre otros requisitos.
Además, la tecnológica creadora de ChatGPT tomó otras medidas para disuadir a los trabajadores estadounidenses de postularse, como anunciar los puestos en la radio a altas horas de la noche.
“Es ilegal discriminar a los trabajadores estadounidenses prefiriendo a titulares de visas temporales para ocupar puestos de trabajo”, declaró en un comunicado la fiscal adjunta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, Harmeet K. Dhillon.
Las autoridades estadounidenses destacaron que, aunque el número de puestos PERM en cuestión era inferior a diez, el monto del acuerdo refleja el perjuicio sufrido por los trabajadores estadounidenses al verse excluidos de la posibilidad de optar a empleos tecnológicos bien remunerados.
OpenAI pagará 1.2 millones de dólares en multas civiles y creará un fondo de 2 millones de dólares para compensar los salarios atrasados de las “víctimas de las prácticas discriminatorias de las empresas”, en virtud del acuerdo.
Dhillon recalcó que el acuerdo garantiza que OpenAI repare el daño causado y modifique sus prácticas de contratación para que los trabajadores estadounidenses tengan una oportunidad justa de acceder a puestos tecnológicos muy solicitados.
El acuerdo con OpenAI supone el decimotercer pacto alcanzado por el Departamento de Justicia desde que relanzó, en 2025, un programa para combatir la discriminación basada en el estatus de ciudadanía.
Con información de EFE.