Veracruz.- El 15 de febrero de este año, una familia de la colonia Emiliano Zapata de Acayucan acusó que tras un cateo ilegal por policías ministeriales que allanaron su vivienda, causaron daños y se apoderaron de varias de sus pertenencias.
Dueños de la vivienda, ubicada en la calle Felipe Ángeles esquina Madero, reclamaron que al terminar el cateo los elementos se retiraron sin asegurar objetos ilegales.
Desde el inicio de este año, la Fiscalía General del Estado (FGE) aumentó el número de cateos en Veracruz pero, penalistas los consideran “una figura abusiva perfecta” que, incluso, “solapa robos y saqueos en viviendas”.
Te podría interesar
-
Movilizaciones en Coatzacoalcos
“Ponga de moda la justicia en Veracruz”: familiares de petrolero jubilado piden a Nahle detener el abuso de poder de su Tesorera
-
Violencia en México
Ofrecen hasta 30 mil pesos para localizar al presunto homicida de Zulema de la Luz en Veracruz
En los últimos meses, casi todos los días la FGE realiza cateos en varios municipios de Veracruz, al mismo tiempo que presume detenciones y aseguramiento de drogas o armas de fuego.
El penalista Tomas Mundo Arriasa, comentó que a partir de la reforma al Poder Judicial crecieron los cateos, pero denunció que estos sólo “han servido para que las autoridades se aprovechen para el robo de pertenencias”.
Criticó que el cateo es la “figura perfecta abusiva de esta fiscal general“, que le ha permitido encarcelar a poco más de 3 mil veracruzanos desde hace poco más de 10 meses.
Reclamó que “han vulnerado todos los derechos humanos y no han respetado las reglas que para tal fin ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta fiscalía ha abusado de los cateos”.
Por su parte, el abogado postulante y exjuez, Marco Antonio Rodriguez Ventura, denunció que las autoridades estatales en Veracruz utilizan los operativos de cateo como un pretexto para cometer abusos y el robo de pertenencias en domicilios.
Uno de los coordinadores del Bloque Zona Sur de Abogados señaló que los cateos recientes violentan el debido proceso y sirven para despojar a los ciudadanos de sus bienes.
Acusaron que el sistema judicial actual carece de autonomía y que las revisiones se realizan de manera arbitraria.