Los lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias promovidos por el gobierno de Claudia Sheinbaum contienen conceptos ambiguos y vagos como “programadora” y otros que podrían exceder las facultades que la ley otorgó a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), advirtió Adriana Labardini, excomisionada del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
En entrevista, señaló que la propuesta, actualmente sometida a consulta pública por la CRT, contradice la reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada por el Congreso en 2025, particularmente en materia de sanciones.
Explicó que los lineamientos contemplan la posibilidad de imponer multas a concesionarios de radio y televisión por no atender una recomendación de su defensor de las audiencias, una facultad que, sostuvo, la ley no establece.
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“Me preocupa que claramente los lineamientos excedieron, se brincaron las trancas de la ley, y creo que eso no va a aguantar la prueba más laxa de legalidad”, afirmó.
Labardini explicó que la legislación sí permite imponer sanciones económicas, incluso de hasta un porcentaje de los ingresos de la concesionaria, pero únicamente en supuestos específicos: cuando el concesionario no presenta un código de ética ante la CRT o cuando no designa a su defensor de las audiencias y establece el procedimiento de defensoría.
“No pueden sancionarla porque no siguió una recomendación del defensor. Esa atribución no la tiene, en la ley, la comisión y eso sería un claro ejemplo de ilegalidad”, sostuvo.
La excomisionada también advirtió sobre la ambigüedad del concepto de “programadora” incluido en los lineamientos, debido a que la propuesta no precisa con claridad los límites de su aplicación frente a los contenidos difundidos en internet y redes sociales.
Aclaró que tanto la ley como los lineamientos pueden regular únicamente aspectos relacionados con los servicios de radio sonora, televisión abierta, multiprogramación y televisión restringida o de paga.
“No es una ley que esté regulando contenidos audiovisuales o sonoros transmitidos por internet; no regula ni catálogos de videos como YouTube, ni redes sociales, ni podcasts”, puntualizó.
Añadió que la legislación no facultó a la CRT, a la Agencia de Transformación Digital ni a la Secretaría de Gobernación para regular los derechos de las audiencias respecto de contenidos transmitidos por internet.
La especialista sostuvo que tampoco pueden establecerse restricciones mediante disposiciones administrativas que rebasen lo previsto en la ley, debido al principio de legalidad establecido en la Constitución.
“Si los lineamientos se excedieran o contradijeran a la ley, y eso hay que señalarlo si es el caso, tendrían que ser declarados ilegales y, por tanto, inconstitucionales”, afirmó. Explicó que los lineamientos emitidos por una unidad administrativa del Ejecutivo, como la CRT, están sujetos al principio de legalidad.
Labardini consideró que otro punto de interés será determinar cómo se aplicarán los derechos de las audiencias a los servidores públicos que difunden información y opiniones desde espacios gubernamentales.
“Lo interesante será cómo van a aplicar estos derechos de las audiencias también a informadores que son servidores públicos”, dijo.
En ese sentido, planteó que estándares como la veracidad, la oportunidad y la distinción entre información, opinión, ideología y datos falsos o verdaderos deberían aplicarse también a las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Vamos a ver si a ellos también les va a aplicar este estándar de veracidad y de distinguir entre propaganda ideológica, hechos o noticia de opinión”, señaló.
Sobre el riesgo de censura, Labardini consideró que, aunque la libertad de expresión en México ha sido severamente vulnerada, el principal riesgo de los lineamientos no estaría necesariamente en una censura directa, sino en la posibilidad de que los concesionarios opten por autocensurarse.
“Sí es preocupante que quieran multar hasta con el 1% de los ingresos de un concesionario por no haber satisfecho las recomendaciones del defensor, o haberlas omitido”, añadió.
Por separado, el senador panista Agustín Dorantes Lámbarri, integrante de la Comisión de Radio y Televisión del Senado, advirtió que los lineamientos podrían permitir al gobierno convertirse en juez y parte en la regulación de los contenidos de radio y televisión.
“Eso genera riesgos de confianza para que los distintos medios de comunicación se puedan expresar libremente”, sostuvo.
El legislador consideró que la intervención del gobierno en la regulación de contenidos puede generar un efecto inhibidor, particularmente porque los medios de comunicación suelen fiscalizar y cuestionar el desempeño de las autoridades.
“Cuando lo que normalmente los medios de comunicación analizan es el actuar de los gobiernos, es evidente que puede generar sospecha de miedo por expresarse cuando haya críticas evidentes hacia los distintos gobiernos”, afirmó.
En contraste, el senador morenista Javier Corral defendió la propuesta y descartó que represente un riesgo para la libertad de expresión.
“He podido revisar (la propuesta de lineamientos) y, sinceramente, no veo ningún riesgo de censura en el diseño que plantean”, afirmó.