Una reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que se discutirá este miércoles en el Senado pretende censurar y sancionar con hasta siete años de prisión las parodias en radio, televisión y medios digitales, donde se utilice la identidad de cualquier gobierno, alertó el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya.
Indicó que la reforma al artículo 403 BIS de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establece que se impondrán de tres a siete años de prisión y multa de mil a 10 mil unidades de medida y actualización a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore a escala comercial la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier otro signo de carácter oficial de órganos autónomos y dependencias de la administración pública de los tres niveles de gobierno para inducir a error o engaño a una o más personas, a través de cualquier medio, incluyendo electrónicos, digitales o tecnologías.
El legislador dijo que esa reforma, a la que denominó la “Ley Meme”, trae “gato encerrado”, ya que con el pretexto de proteger el T-MEC, el gobierno pretende censurar las parodias.
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Ricardo Anaya demandó la modificación del proyecto de dictamen para que se especifique de manera expresa en el mismo artículo que hay una excepción para periodistas, a las parodias y que se garantice el debate y la libertad de expresión.
“Dejarlo en los términos en los que está es usar el TMEC de pretexto para, por debajo de la mesa, introducir una prohibición, para que ya no haya en redes sociales, en televisión, en radio, parodias y críticas al gobierno que sabemos les molestan mucho. Vivimos en una democracia, no en una autocracia, y en las democracias debe haber libertad de expresión, debe haber críticas. Y en cualquier democracia son bienvenidas las parodias, aunque al gobierno no le gusten”, destacó.
El Senado difundió el lunes entre legisladores un proyecto de dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
A propuesta de la presidenta Sheinbaum, el proyecto señala que la protección eficiente de los derechos de propiedad intelectual contribuye al desarrollo económico, cultural y tecnológico del país y fortalece el Estado de Derecho, y que la vulneración sistemática de estos derechos —mediante conductas como la piratería, la falsificación de marcas y la elusión de medidas de protección— genera afectaciones a los titulares de derechos, a la economía formal, al empleo, al desarrollo tecnológico y a la confianza en las instituciones.
Se argumenta que tanto el Código Penal Federal como la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial exigen actualmente la acreditación del fin de lucro o de la especulación comercial, mientras que el estándar internacional adoptado por el ADPIC y el T-MEC se centra en el concepto de escala comercial, más amplio y objetivo al no depender exclusivamente de la intención de la persona.