Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se llevó a cabo un ejercicio que en el derecho internacional podría configurarse como persecución contra la prensa, contra defensores de los derechos humanos y contra activistas ambientalistas, debido a los señalamientos públicos hechos durante sus conferencias de prensa, el espionaje que se llevó a cabo a los comunicadores y la impunidad ante la violencia contra estos, de acuerdo con un trabajo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley.
El trabajo registra entre 2018 y 2024 un total de 377 asesinatos contra dichas personas, de los cuales 78 corresponden a comunicadores.
Estos asesinatos, destaca “Bajo Ataque: Persecución de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en México”, ocurrieron en un contexto de constantes ataques y descalificaciones públicas del presidente López Obrador durante las conferencias matutinas que llevaba a cabo de manera cotidiana.
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De acuerdo con los registros de este artículo, durante el sexenio se llevaron a cabo 2 mil 827 ataques contra periodistas, defensores y organizaciones de la sociedad civil, de los cuales 2 mil 150 fueron descalificaciones contra la prensa.
También se destacan más de mil acusaciones de informar mentiras, casi 400 de estar involucrados en conspiraciones y 275 de llevar a cabo actos de corrupción.
Durante estos ejercicios comunicativos, se registraron más de mil 500 señalamientos de ser “fifís”, y como señalamientos de calumnia y manipulación.
Así mismo, se registra el uso de herramientas espías para monitorear a los trabajadores de la comunicación, incluyendo el software Pegasus, que fue contratado durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, el cual habría sido utilizado entre 2018 y 2024 en al menos siete casos confirmados.
También queda consignado que durante este sexenio, la impunidad ligada a las agresiones contra periodistas y defensores de los derechos humanos saltó de un 93% al 99%.
Señala también que en México desaparecen más periodistas que en ningún otro país y que ninguno de estos casos ha desembocado en una detención.
“Cuando un grupo civil es identificado públicamente como enemigo por el jefe de Estado, vigilado por la inteligencia militar, acosado por redes vinculadas al Estado, demandado por funcionarios gubernamentales y, posteriormente, asesinado o desaparecido sin consecuencias, los incidentes dejan de parecer una serie de delitos aislados para asemejarse a una única conducta dirigida contra un grupo específico en función de sus creencias o actividades. Según el derecho penal internacional, este tipo de campaña selectiva podría constituir persecución”, subraya el artículo.