La defensa del empresario Eduardo Almeida logró la no vinculacióna proceso, dejando claro que una expresión de enojo, por incómoda que resulte para un político, no amerita un proceso penal ni la activación del aparato del Estado.
Durante la audiencia aseguró que quedó en evidencia la desproporción y debilidad del caso: para sostener su denuncia, el senador recurrió al uso de peritos especializados e incluso a la intervención de una psicóloga, como si una expresión verbal de enojo representara un daño de gravedad suficiente para justificar la persecución de un ciudadano.
Asimismo, derivado de las diligencias practicadas en audiencia, quedó en evidencia la existencia de dos distintas Claves Única de Registro de Población, las cuales son COJJ660802HNERRV03 y COJJ660802HCHRRV02, resultando la conducta ilícita en obtener el cargo de Gobernador del Estado de Chihuahua con una identidad diversa con la que obtuvo el actual cargo de Senador.
Puntualizando que una de las citadas claves, corresponde a hombre nacido en el extranjero y la diversa a un hombre nacido en México.
En ese sentido, la defensa señaló que alguna de las dos autoridades habría sido inducida al error mediante el uso de documentos oficiales, situación que podría configurar elementos constitutivos de delitos no solo en México, sino también en los Estados Unidos, por lo que cuestionó formalmente la personalidad jurídica del querellante y sostuvo que no es doble nacionalidad lo que quedó al descubierto como tampoco así un tema de doble identidad, sino el uso a discreción de los citados documentos por parte de Corral, proporcionando documentos e información falsa al Registro Nacional de Ciudadanos para obtener el documento que acredite la ciudadanía haciendo uso indebido del documento que acredita dicha ciudadanía; circunstancia que deberá ser analizada por las autoridades competentes.
Toda vez de que Corral en la actualidad, y en reiteradas ocasiones, ha admitido tener conocimiento de ser nacido en El Paso, Texas, siendo que la totalidad de cargos que ha ocupado antes del año 1998 fue proporcionando documentación e información falaz ante el Registro Nacional de Ciudadanos, ya que desde 1991 inscribió su acta americana.
“Cualquier ciudadano sin fuero ya estaría en la cárcel por tener dos identificaciones” señaló Almeida.
La Fiscalía General de la República destinó tiempo, recursos y personal, y se ocuparon salas del Poder Judicial para perseguir a un ciudadano por una mentada de madre, mientras el país atraviesa una de las peores crisis de seguridad de su historia, aseguró.
“Desde la defensa lamentamos profundamente que un senador haya usado su fuero, sus influencias políticas y su acceso a las instituciones para distraer recursos públicos que deberían estar enfocados en combatir al crimen organizado, buscar a personas desaparecidas, atender a las madres buscadoras y garantizar justicia a las víctimas de feminicidio y secuestro.” Señaló su abogado César Guadarrama.