Amnistía Internacional (AI) condenó el asesinato del defensor de derechos humanos Reynaldo Pérez Pérez, ocurrido en Chiapas, al expresar su “indignación” y exigir a las autoridades investigar el crimen considerando como línea de investigación su activismo.
Pérez Pérez, indígena tzotzil que acompañaba a familias desplazadas por la violencia, fue asesinado a disparos en el municipio de Chenalhó, en una región marcada por conflictos territoriales, desplazamientos forzados y la presencia de grupos armados.
De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió el 28 de octubre en la comunidad de Yabteclum. Las autoridades no informaron oficialmente sobre las circunstancias del homicidio ni sobre los posibles responsables.
Al respecto, AI denunció que este tipo de homicidios “evidencia la gravedad de los riesgos que enfrentan quienes defienden los derechos humanos y la urgencia de garantizarles una protección efectiva”.
Amnistía recordó que Pérez Pérez era beneficiario desde 2023 del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno mexicano y que, antes de su asesinato, ya había enfrentado amenazas de muerte, un intento de desaparición y dos ataquesarmados.
Reynaldo defendió los derechos de las comunidades indígenas desplazadas forzadamente de Santa Martha y exigió al gobierno de Chiapas condiciones de seguridad para su retorno. También acompañó a personas indígenas en su búsqueda de justicia y denunció la violencia ejercida por grupos armados en Los Altos de Chiapas”, apuntó AI.
Durante más de una década, el activista acompañó a familias desplazadas de SantaMartha, refugiadas en Polhó, y participó como mediador en conflictos agrarios de la región. Desde 2024 también trabajaba con mujeres y menores en situación de vulnerabilidad en Pantelhó.
Su asesinato se suma a otros crímenes contra defensores indígenas en Chiapas, entre ellos el del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, asesinado en 2024, y el del activista Simón Pedro Pérez López, ocurrido en 2021.
En su escrito, AI precisó que, según datos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en Chiapas suman ya 24 mil 510 víctimas de desplazamiento forzado interno.
Además, advirtió que en la región fronteriza persiste una “gravecrisis” de violencia armada y control territorial por parte de grupos criminales, que ha obligado desde 2021 a cientos de familias a abandonar sus hogares.
La organización pidió garantizar a los familiares del activista “el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño”.
Asimismo, llamó al Mecanismo de Protección a revisar y fortalecer sus medidas para evitar nuevas agresiones, e instó al Gobierno de Chiapas a atender las causas del desplazamiento forzado y garantizar condiciones de seguridad para el retorno de las familias afectadas.
Con información de EFE