Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, presentó un informe sobre una red de empresasvinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, para obtener contratosmillonarios para la creación de material electoral.
De acuerdo con las investigaciones basadas en el histórico de Compranet y la Plataforma Nacional de Transparencia, estas empresas obtuvieron contratos por más de dos mil 700 millones de pesos a lo largo de dos periodos principales:
- Periodo 2015-2023: Se asignaron contratos por más de dos mil 94 millones de pesos en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).
- Periodo 2024-2025: La presunta red continuó operando en 15 de los 32 estados, acumulando contratos por 646.3 millones de pesos.
Antecedentes y vínculos políticos
La investigación señala que los hermanos Hernández Casillas iniciaron su trayectoria en la administración pública en la década de 1980 en la Secretaría de Gobernación y el Cisen, bajo el cobijo de Juan Carlos Padilla Aguilar. Tras la salida de este último hacia el gobierno del Estado de México, los hermanos se convirtieron en proveedores del sector electoral a partir de 1999 con la empresa Cartonera Plástica.
El informe detalla que el entramado corporativo incluye firmas como Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo SEC y Formas Finas Fernando Fernández. Actualmente, el control de las empresas ha pasado a familiares directos, como sus hijos y cónyuges.
Modus operandi y simulación
Según el análisis de la Secretaría de Hacienda (SAT y UIF), el esquema operaba mediante las siguientes irregularidades:
- Simulación de competencia: Múltiples empresas de la misma red participaban en licitaciones y se ponían de acuerdo para definir precios, resultando siempre beneficiados los mismos actores.
- Empresas fantasma: Carecen de empleados registrados y capacidad técnica real, compartiendo domicilios y números telefónicos.
- Dispersión de recursos y lavado de dinero: Los recursos obtenidos de los contratos públicos eran transferidos en cadena a numerosas empresas secundarias para ocultar al beneficiario final, utilizando presuntamente prestanombres e identidades simuladas (desde jóvenes de 18 años hasta adultos mayores de 96 años).
La titular de Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que, dado que el Instituto Nacional Electoral (INE) y los OPLES son órganos autónomos, corresponde al Congreso, al órgano interno de control y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizar las irregularidades y aplicar sanciones administrativas.
Asimismo, el SAT y la UIF mantienen indagatorias por operaciones con recursos de procedencia ilícita y facturación simulada, mientras que la Secretaría a su cargo estudiará los mecanismos para blindar a la Administración Pública Federal de estos esquemas.
Con información de López-Dóriga Digital