El Gobierno de Veracruz anunció este lunes la disolución de la Fuerza Civil, considerada como el grupo de seguridad de élite de la policía del estado y vinculada a diversas denuncias de abusos, esto después de un violento desalojo de una protesta de campesinos que arrojó un saldo de dos muertos el pasado 20 de junio.
Las autoridades veracruzanas informaron que se procedió a “iniciar el proceso de su extinción” para lograr “un mando único operativo” dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, de acuerdo con un comunicado lanzada en la madrugada de este 24 de junio.
En el momento de su creación, se anunció que la Fuerza Civil sería un grupo táctico y de inteligencia de 2 mil elementos, adiestrado por el Ejército y la Marina mexicana y que trabajaría en operaciones estatales de manera paralela a la entonces Gendarmería Nacional que creó el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y que luego desapareció.
¿Qué pasará con los elementos de la Fuerza Civil?
Veracruz está sumido en la violencia desde hace décadas y es clave para los cárteles porque supone la ruta más rápida que conecta América Central con Estados Unidos para cualquier tipo de tráfico ilegal, sobre todo de migrantes.
La nota no explica qué pasará con sus integrantes y solo detalló que la medida se llevará a cabo en los tiempos que sean necesarios para no interferir en la investigación de los hechos de la semana pasada, que ya está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).
El Gobierno de Veracruz no respondió de forma inmediata a una solicitud de comentario de AP.
¿Cómo nació la Fuerza Civil y quién la fundó?
La Fuerza Civil nació en septiembre de 2014 durante el Gobierno de Javier Duarte, exgobernador que cumple una sentencia de prisión en una cárcel de Ciudad de México por lavado de dinero y asociación delictiva y en cuya administración proliferaron los asesinatos, las desapariciones y los abusos graves a los derechos humanos.
Ha sido denunciada por colectivos de la sociedad civil por presuntos abusos policiales contra civiles, migrantes y periodistas.
El caso más reciente fue el desalojo violento de un grupo de campesinos que se manifestaba el jueves 20 de junio en la carretera que une la capital con el Puerto de Veracruz a la altura del municipio de Perote contra unas empresas que, según denunciaban, estaban contaminando el agua de la zona.
La acción policial, que ahora está bajo investigación, acabó con dos civiles muertos.
A finales de 2022, dos elementos del cuerpo de élite fueron procesados por su presunta participación en el secuestro de una familia en la localidad de Papantla en octubre de 2019. Y el año pasado organizaciones civiles acusaron a la Fuerza Civil de agredir a migrantes y también de intimidar a periodistas que cubrían un operativo de seguridad.
En 2018, al menos tres mandos policiales estatales fueron acusados de secuestrar, matar y hacer desaparecer a por lo menos 15 personas, en su mayoría jóvenes, sospechosas de ser informantes de los cárteles del narco.
En 2022, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentó una denuncia contra México en la Corte Penal Internacional de La Haya por las desapariciones forzadas ocurridas en Veracruz a manos de fuerzas de seguridad del estado entre los años 2010 y 2016.
