La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otras ocho organizaciones solicitaron este lunes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU garantizar “la protección y el respeto de las libertades de expresión y de prensa” en Nicaragua.

En la carta remitida a este organismo intergubernamental, la SIP pide que formule recomendaciones que permitan garantizar los derechos citados en Nicaragua y tenga en cuenta las graves denuncias realizadas por organizaciones de la sociedad civil y presentadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos.

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Desde 2018, precisa la red de organizaciones, Nicaragua “atraviesa una grave crisis de derechos humanos, agudizada tras las manifestaciones ciudadanas que desataron una represión estatal sin precedentes”.

Pese a que el Estado de Nicaragua afirmó en su Reporte Nacional de septiembre pasado que no existen violaciones a la libertad de expresión en el período bajo evaluación, informes de la sociedad civil y organismos internacionales demuestran una realidad distinta, subrayan en su denuncia.

“Las investigaciones, datos concretos y testimonios evidencian un cierre casi total del espacio cívico y la persecución sistemática de voces críticas”, exponen.

Y detallan que entre 2019 y 2023, según informaciones recopiladas por organizaciones de la sociedad civil, las agresiones más comunes contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron “las detenciones arbitrarias, el espionaje, el acoso judicial, los secuestros, los ataques con violencia e incluso la tortura”.

En ese contexto de violencia, la Agencia de la ONU para los Refugiados(ACNUR) indica que entre 2018 y 2023, alrededor de 440 mil 260 personas sufrieron desplazamiento forzado (6.5 % de la población); al menos 317 personas fueron víctimas de despojo de su nacionalidad y condenados por el delito de traición a la patria.

Y hasta septiembre de 2024, la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) contabilizó al menos 278 de periodistas exiliados.

Además, se han registrado hasta agosto de 2024 el cierre forzoso de 5 mil 664 de ONG nacionales e internacionales, organizaciones religiosas, asociaciones culturales y medios de comunicación, entre otros.

“El Estado nicaragüense ha utilizado diferentes mecanismos estatales para la represión, entre ellos, el fortalecimiento de su marco normativo restrictivo y punitivo, acompañado de procesos judiciales aplicados de manera discrecional y sin criterios definidos”, continúa la denuncia.

Como consecuencia, indican, “el desarrollo pleno de una sociedad democrática se ve mermado”.

Las organizaciones firmantes exhortan al Gobierno de Nicaragua a cesar inmediatamente “la persecución, criminalización y acoso contra las voces disidentes”, al tiempo que instan al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a “continuar respaldando a las voces disidentes y a adoptar medidas para protegerlas”.

Para ello, concluyen, “es fundamental la adopción de recomendaciones que permitan prevenir, proteger y perseguir las violaciones de la libertad de expresión”.

Firman la carta: la SIP, AMARC-ALC, Artículo 19 oficina México y Centroamérica, Artist at Risk, el Comité para la protección de periodistas (CPJ), la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), IFEX-ALC, PCIN y el PEN International Pen Nicaragua.

Con información de EFE.