La organización Documenta AC presentó un nuevo informe en el que dio a conocer que la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes fueron delitos que prevalecieron en la impunidad durante el año pasado en Coahuila.
El informe fue presentado este jueves en la Ciudad de México, junto con otras organizaciones defensoras de los derechos humanos como el Centro Prodh. En él se reveló la situación actual de las investigaciones de estos delitos, que implican a agentes del Estado acusados de utilizar prácticas como la lesión a una persona, la obtención de confesiones, la admisión de delitos o la extracción ilegal de información.
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De acuerdo con la información proporcionada, durante 2023 las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Coahuila iniciaron un total de 75 investigaciones por delitos de tortura cometidos por elementos de seguridad pública estatal o municipal, así como de procuración de justicia.
El informe también destaca que, en al menos una indagatoria, la autoridad implementó estos actos contra más de una persona, registrando un total de 75 víctimas hombres y 18 mujeres en las 75 carpetas iniciadas durante el año.
Además de la tortura, el informe Hallazgos 2023 reveló que durante 2023 fueron denunciados otros dos casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes, con un total de dos víctimas.
En cuanto a los resultados de las investigaciones, la organización señaló que durante todo el año, ninguna de las investigaciones por estos delitos fue presentada ante un juez para que se iniciara una causa penal y se impartiera justicia.
El informe también resalta que Coahuila tiene una de las autoridades más reservadas en cuanto a la información de estos casos. Aunque se indicó que ninguna carpeta ha sido judicializada, no se proporcionaron detalles sobre cuántas investigaciones fueron archivadas temporalmente, cuántas resultaron en el no ejercicio de la acción penal, o cuántas continúan en proceso.
Comparado con el informe del año anterior, los delitos de tortura registraron un aumento en el Estado, pues a finales de 2022 se habían iniciado 60 indagatorias por estos delitos.
A nivel nacional, se registraron un total de 4 mil 577 indagatorias en todas las entidades de México, destacando las autoridades del Estado de México con 986 indagatorias, seguidas de las autoridades federales con 852 y las autoridades de la Ciudad de México con 677.
Sin embargo, la impunidad persiste en estos delitos a lo largo del país, ya que la organización detectó que de estas miles de carpetas de investigación, solo 18 fueron judicializadas y se convirtieron en causas penales.
