El juez federal Adam Abelson, de Baltimore (Maryland) suspendió temporalmente este viernes partes clave de los decretos dictados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su ofensiva contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión (conocidas por sus siglas en inglés, DEI) tanto en la Administración federal como en las empresas estadounidenses. El juez ha dictado una amplia fundamentación de 63 páginas en que concluye que Trump se excedió de sus poderes constitucionales con los decretos firmados sobre la materia. En otra resolución más escueta, de solo tres páginas, delimita que parte de las normas dictadas por el presidente quedan suspendidas.

Los decretos de Trump no solo declaraban la guerra a las políticas de diversidad e inclusión en las agencias y departamentos federales, sino que amenazaban con inhabilitar para la contratación pública a las compañías que tuvieran algún tipo de política de este tipo que incumpliera las leyes. Eso ha llevado a muchas empresas a dejar de incluir criterios inclusivos en la contratación que pudieran ser percibidos como discriminatorios.

La ciudad de Baltimore, la Asociación Nacional de Oficiales de Diversidad en la Educación Superior, la Asociación Americana de Profesores Universitarios y otros grupos presentaron una demanda en la que argumentaban que los decretos de Trump son inconstitucionales y suponen una extralimitación de la autoridad presidencial. La Administración Trump se ha defendido señalando que el presidente solo se estaba dirigiendo a los programas de diversidad e inclusión que violasen las leyes federales de derechos civiles.

Ahora, el juez Abelson, nombrado por el anterior presidente, Joe Biden, da la razón parcialmente a los demandantes y anula fragmentos decisivos de esas nuevas normas. Por ejemplo, Trump firmó una orden en su primer día en el cargo en la que ordenaba a las agencias federales que pusieran fin a todas las subvenciones o contratos “relacionados con la igualdad” o con la “DEI ilegal”, descripciones genéricas que ponían en aprietos a empresas y universidades.

Los demandantes criticaban precisamente la inseguridad jurídica que creaban esas definiciones y cómo violaban el derecho constitucional al debido proceso. También señalaban que Trump no tenía capacidad para rescindir las subvenciones y contratos “relacionados con la igualdad” porque habían sido financiados por el Congreso.

El juez se fija en dos de los decretos de Trump. En uno firmado el 20 de enero, el día de su investidura, el presidente ordenaba la “terminación de todos los programas discriminatorios, incluidos los mandatos, políticas, programas, preferencias y actividades ilegales de DEI y de ‘diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad’ (DEIA) en el Gobierno Federal, bajo cualquier nombre que aparezcan”.

Esa orden incluía una cláusula en que se daba a los jefes de los departamentos y agencias federales un plazo de 60 días para tomar una serie de medidas, entre ellas, “rescindir, en la medida máxima permitida por la ley (…) todas las subvenciones o contratos ‘relacionados con la igualdad”. El juez ahora, prohíbe suspender, congelar, impedir, bloquear, cancelar o rescindir cualquier adjudicación, contrato u obligación en aplicación de esa disposición.

El segundo decreto, dictado el 21 de enero, obligaba a las empresas y otros contratistas a certificar que no tenían políticas de diversidad discriminatorias y pedía a cada agencia federal que señalase hasta nueve objetivos de posibles investigaciones sobre sus políticas de DEI entre empresas cotizadas, asociaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, asociaciones y universidades. El juez también suspende la aplicación de esas cláusulas.