La futura ley de Protección y Ordenación de la Costa valenciana nació para responder a un compromiso electoral del PP que permitiera
“proteger el ecosistema litoral y la propiedad privada con sentido común y equilibrio”, aseguró el presidente Carlos Mazón cuando se aprobó el anteproyecto el pasado octubre. Sin embargo, la autorización del Consell de permitir el uso terciario (hoteles, por ejemplo) a 200 metros de la orilla del mar —antes, la limitación era de 500 metros— en su plan Simplifica ha generado recelos y dudas no solo en los grupos de la oposición, que ven en esta nueva norma “una excusa para continuar con el desarrollo urbanístico sin control” sino también en juristas y geógrafos. Los afectados por la ley de Costas de 1988 lo ven como una posible tabla de salvación para los poblados marineros tradicionales. “Proteger espacios y edificar son aspectos completamente contrarios”, terció este lunes la catedrática de Geografia Física de la Universitat de València Eulàlia Sanjaume en las Cortes Valencianas, donde el proyecto de ley está en fase de participación ciudadana.

Sanjaume considera positiva la defensa que hace el proyecto de ley de las praderas de Posidonia “porque protegen la costa” pero ha sido muy contundente cuando ha afirmado que “proteger espacios y edificar son aspectos completamente contrarios”. Para Sanjaume, una autoridad en el ámbito nacional e internacional en materia de playas, hay más factores que contribuyen a la regresión de la costa que los tres señalados en el preámbulo de la futura norma. “Yo añadiría la destrucción de las dunas litorales para construir, la edificación de paseos marítimos porque rompen la dinámica del litoral, el cambio de textura del sedimento de las playas y, en general, la urbanización del litoral”, ha enumerado. “Se ha edificado por todos lados, hay pocos espacios sin construir”, ha sentenciado la catedrática que, en su opinión, debería desaparecer del título de la ley la palabra protección y quedarse únicamente con ordenación.

Antonio Prieto, experto en ordenación del territorio y riesgos naturales de la Universitat d’Alacant, ve acertado que el proyecto de ley hable de gestión integrada de las zonas costeras de acuerdo con las políticas ambientales de la UE pero no considera asentamientos de interés etnológico, como pretende proteger la norma, los núcleos costeros tradicionales, la mayoría de ellos provenientes de concesiones de legislaciones de costas de los años 30 o 40 en España. Prieto advierte del retroceso de la línea de costa, que va a empeorar en el futuro, y por ello apuesta por frenar su ocupación y trasladar algunas zonas ocupadas del litoral más al interior. “Insistiría en que la regresión de la costa es inexorable según todos los escenarios y en que se deberían buscar soluciones basadas en la naturaleza y en eliminar la posible ocupación de esos terrenos”, ha destacado Prieto.

Inmaculada Yáñez, representante de la Asociación Virgen del Carmen de Nules, que agrupa a propietarios de las casitas que hay en primera línea de playa de el término municipal, ha remarcado su lucha contra la ley estatal de Costas de 1988, que con los deslindes expropió sus casas por ocupación del dominio marítimo-terrestre a cambio de una concesión temporal. Para salvar las casitas del litoral piden a la Generalitat su declaración como Bien de Relevancia Local (BRL) porque “son casas centenarias, algunas fueron refugio en plena Guerra Civil, tienen una arquitectura típica del litoral y han hecho de dique de contención ante la falta de obra pública” que evite la pérdida de arena de las playas. “Es la primera vez que se le da rango de ley y no de plan territorial y es plenamente compatible con la legislación”, ha defendido en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento valenciano donde este lunes han comparecido una decena de expertos y afectados.

Manuel López, representante de Som Mediterrània, que agrupa a 50 asociaciones afectadas por la ley de 1988, se ha quejado de que las playas valencianas arrastran años de desatención por parte del Gobierno español. “Esta ley ha pasado los dictámenes preceptivos y la pregunta no es si es constitucional sino por que no se ha hecho antes”, ha defendido. “No sé si con esta ley se puede arreglar los problemas creados por la de Costas estatal pero al menos tenemos una mano tendida. Si es discutible sigamos trabajándola”, ha pedido López.

Para Inmaculada Revuelta, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universitat de València, este proyecto de ley “es absolutamente necesario y conveniente” y en materia de playas es respetuoso con la regulación estatal. El texto es “claramente insatisfactorio” a la hora de compensar a los concesionarios de estas propiedades en primera línea de playa si bien el Consell ofrece, en la medida de sus posibilidades, un aprovechamiento similar al que tenían en otra zona. “Es un intento de resolver los problemas de vivienda de muchas personas. Hay que seguir avanzando en él y que los partidos lo debatan”, ha insistido.

El experto en urbanismo Juan Enrique Serrano ha considerado que en el Pativel no hay que apostar por una “mera adaptación”, sino por una revisión, y ha considerado que el texto del Consell incluye cuatro instrumentos de ordenación que no son necesarios, dado que ya existen en la planificación urbanística con otros nombres.

Andrés Boix, profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de València, comparte la inquietud de la Generalitat por asumir a través de una ley autonómica competencias respecto al dominio público marítimo-terrestre porque es territorio valenciano. “Ahora bien, si la haces tienes que decir cómo”, ha expuesto al tiempo que ha propuesto un proceso de participación pública para decidir los usos de un espacio público como es el litoral. Boix ha insistido en que el principio de no regresión, recogido en el artículo 4, exige que esta ley no retroceda en la protección establecida por el Plan Territorial del Litoral (Pativel), que se derogará. “La norma me parece razonable que se haga pero no es para salvar las casas del mar”, ha remachado. El profesor considera que el proyecto debería decir con claridad, sin posibilidad de segundas interpretaciones, que el nivel de protección del Pativel se ha de respetar e integrar en la norma.

La geógrafa Ana Belén Ruescas ha recordado que la costa es un sistema frágil y dinámico y si se rompe el equilibrio entre sedimentación y erosión “se generan procesos irreversibles”. “Tenemos una costa desarrollada intensivamente por el turismo, con proliferación de infraestructuras litorales como los puertos. Y luego están los riesgos asociados al cambio climático, con un aumento del nivel del mar y el avance de la línea de costa, así que fragmentar la naturaleza [con obras y construcciones] es perpetuar los problemas”, ha expuesto.

José Francisco Ros, presidente de la Asociación en defensa de las playas norte de Dénia, considera la ley una luz de esperanza y espera que permita a sus promotores “de lo que el Estado no ha sido capaz y es la regeneración de nuestras playas”. La Generalitat debería, según Ros, dar un paso más, implicándose en los proyectos de regeneración” porque el litoral es vital para la actividad económica del turismo y la portuaria. “Somos un país de servicios, pues los tendremos que mimar, ¿no?”, ha subrayado. Este afectado defiende que se hagan las aportaciones de arena que hagan falta para regenerar las playas y ha criticado el bajo presupuesto del que dispone la Dirección General de Costas del Ministerio con los kilómetros de litoral con que cuenta el país.

Para la geógrafa Maria Josep Ripoll, también concejal de Urbanismo de Dénia del PSPV, “el Pativel no va a tener ningún tipo de continuidad en el proyecto de ley de Protección y Ordenación de la Costa que ha elaborado el equipo de Mazón: “El modelo que se plantea ahora es más hormigón en nuestras playas”, ha denunciado mientras reconoce que no se les puede dar garantías a las personas que viven en primera línea de costa con cada vez mayor número de temporales y la subida del nivel del mar.