Miguel Ángel García Martín, portavoz de la Comunidad de Madrid, ha defendido este miércoles que no hay delito de revelación de secretos en que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, distribuyera entre periodistas los nombres, una foto y un bulo sobre dos informadores de EL PAÍS que investigaban una obra en el piso donde vive la líder porque son “dos personas conocidas”. El Ejecutivo regional ha reaccionado así a que la jueza del número 25 de instrucción de Madrid haya incoado diligencias previas contra el alto cargo tras una denuncia del PSOE. Rodríguez admitió que en marzo del año pasado envió esos datos a un chat con 18 periodistas. Varios recogieron esa información falsa sin contrastarla.

“Si Miguel Ángel Rodríguez tiene que acudir a testificar o a dar su versión de los hechos, lo hará encantado”, ha dicho García Martín durante la rueda de prensa que sigue a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. “En cualquier caso no sé qué revelación de qué secretos puede haber en ese caso cuando estamos hablando de dos periodistas que firman todos los días en un periódico de tirada nacional y que, por tanto, son conocidos no solo por Miguel Ángel Rodríguez, sino por muchísimos españoles”, ha añadido.

“El nombre de dos periodistas que insisto firman con su nombre y apellido en un periódico de tirada nacional y que es conocido por todos, entendemos que no hay ningún tupo de revelación en ese sentido, pero ningún problema en que se den esas explicaciones y poder dar su versión de los hechos (…)”, ha reiterado. “Si llega el momento, dará esas oportunas explicaciones sin ningún tipo de problema, pero evidenciando que estas dos personas son conocidas y firman en un periódico de tirada nacional todos los días”.

Esa defensa se basa en la mayor o menor fama de los reporteros, pero obvia que Rodríguez envió esa información poco después de que un Policía anotara sus nombres en una parada callejera. A ella, además, añadió un bulo, que distribuyó entre informadores de su confianza, que, en algunos casos, la publicaron sin contrastar.

Los hechos se remontan a la tarde del martes 19 de marzo de 2024, cuando dos reporteros de este periódico trataban de verificar los indicios que tenían sobre una obra sin permiso en el piso donde conviven Ayuso y el empresario Alberto González Amador. En una base de datos abierta a la ciudadanía figuraban dos órdenes de paralización del Ayuntamiento de Madrid ―del 2 de noviembre de 2022 y 13 de diciembre de 2022― de una reforma cuyo inicio había comunicado Amador el 4 de agosto. Los periodistas querían comprobar si la obra continuó tras esas dos órdenes, porque la noticia sobre la mudanza de Ayuso y Amador a ese inmueble no se conoció hasta octubre de 2023. Para verificar las sospechas, se dirigieron a la zona y preguntaron a comerciantes y vecinos sobre si recordaban haber visto señales de esa reforma y en qué fechas.

Los reporteros hablaron con varios testigos entre las 19.00 y las 19.45. Cuando ya se disponían a abandonar la zona, un hombre de unos 50 años, vestido de paisano, se acercó a los dos periodistas y se identificó como policía nacional y les mostró una placa. En una conversación cordial, les pidió que se identificaran y estos les entregaron sus credenciales profesionales y DNI. El agente se retiró a unos metros hacia un vehículo y tomó nota de los datos personales. Dos hombres también de paisano que no se identificaron observaron la escena a pocos metros. Tras esto, el agente volvió con la documentación y los dos reporteros se retiraron.

Una hora después, el equipo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso envió un mensaje a distintos periodistas con el nombre y la foto de los informadores de EL PAÍS y los siguientes párrafos: “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras. Todo se ha denunciado a la Policía Nacional, pero el delegado del Gobierno amparará estas actuaciones. El delegado del Gobierno no quiere poner vigilancia permanente 24 horas en la casa de la presidenta, lo que supone una anomalía. Además, empleados de eldiario.esencapuchados, intentaron acceder a la casa de la presidenta. Nunca se ha visto este amedrentamiento en democracia”. Este otro medio también desmintió esa acusación.

Este intento de intimidar a la prensa se producía solo días después de queeldiario.es revelara que Rodríguez había amenazado a una periodista de ese medio con hundirlo: “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”, le dijo en un mensaje de WhatsApp.

Rodríguez persistió en su bulo sobre los reporteros de EL PAÍS durante semanas. Lo hizo en la red X, ―”los acosadores de menores mienten”―, donde además publicó que tenía “algo personal” contra ellos. Asimismo, volvió a repetir su mentira en una entrevista con El Mundo.

El jefe de gabinete de Ayuso fue censurado por numerosas organizaciones periodísticas, incluidas varias de ámbito internacional, como el británico Instituto Reuters o el estadounidense Comité Internacional para la Protección de los Periodistas. Además, la Plataforma para la Protección de Periodistas vinculada al Consejo de Europa, del que España es miembro, lanzó una alerta por las amenazas y publicación de datos personales.

Dos semanas después del bulo contra los periodistas de EL PAÍS, este periódico publicó que había comprobado que, en efecto, Amador desobedeció las órdenes de paralización y continuó con la reforma. Una inspectora municipal comprobó en mayo esto mismo. El Ayuntamiento procedió con un expediente de sanción, que había iniciado por una denuncia de la líder de la oposición municipal, Rita Maestre. Esa multa está paralizada mientras un juzgado de lo contencioso-administrativo estudia un recurso de Amador.

Ahora una jueza ha abierto diligencias previas, y ha dado traslado a la Fiscalía para que se pronuncie por medio de un informe sobre su admisión a trámite. Es habitual que los magistrados de Plaza Castilla pidan la opinión al Ministerio Público tras recibir una denuncia o querella, aunque no es una decisión obligatoria ni vinculante para los jueces, informan fuentes judiciales. También es posible, aunque inusual, que los jueces inadmitan a trámite sin abrir diligencias previas, cuando se trata de asuntos sin entidad.