EFE.- Cuando M. Kumari, madre soltera de cinco hijos en una aldea rural de Sri Lanka, acudió a la policía para denunciar los abusos de su marido, la respuesta que recibió fue que “resolviera sus asuntos familiares”, relató la afectada.
La historia de Kumari refleja una realidad que afecta a una de cada cinco mujeres en Sri Lanka, en la que delitos como la violencia de pareja, el abuso sexual, el matrimonio infantil o la violación marital quedan atrapados en un complejo aparato de justicia que les da la espalda sistemáticamente, sobre todo a las víctimas de minorías étnicas y religiosas.
Recientemente la ONG Equality Now organizó una consulta en la capital Colombo, donde reunió por primera vez a mujeres de las comunidades marginadas para empezar a articular una rebelión contra el silencio. Según los datos recopilados, solo en 2018 se reportaron mil 792 casos de violación en Sri Lanka, y en 2019 se denunciaron mil 490 violaciones contra niñas.
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El propio gobierno informa que 20.4% de las mujeres en el país ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. Pero la impunidad es la norma. “La tasa de condenas ronda el 3%”, dijo Julie Thekkudan, experta en la región de la organización.
Símbolos de sacrificio
Durante la consulta se contaron múltiples historias que no habían sido escuchadas. Como la de C. Veenadevi: “Nuestra gente ha olvidado cómo luchar” y añade que a las mujeres “se nos ve como símbolos de sacrificio; para mantener la dignidad familiar, lo soportamos todo en silencio“.
“Se nos considera sagradas, guardianas de la familia, pero esa santidad se convierte en nuestra jaula“, señaló la activista Subashini Kamalanathan.
Por su parte, el sistema judicial de Sri Lanka no solo no protege, sino que a menudo revictimiza. En el caso de las mujeres musulmanas, sus conflictos familiares se resuelven en los llamados “Quazi Courts”, tribunales religiosos autorizados por ley y gestionados únicamente por clérigos hombres sin formación jurídica.
“Son espacios donde muchas veces se prioriza la reconciliación familiar por encima de la seguridad de las víctimas”, detalla Thekkudan.
En los tribunales formales hay diversos obstáculos, como la ausencia de intérpretes en tamil o lengua de señas y una escasez crónica de recursos. “No hay presupuesto suficiente, ni refugios, ni personal capacitado. Y no es casualidad, es porque no se prioriza”, explicó Thekkudan.
El comienzo de una lucha regional
La consulta de Colombo es el primer paso de una hoja de ruta regional más amplia. “La meta es un informe conjunto que hable con una sola voz sobre cómo la justicia está fallando a las mujeres más vulnerables del sur de Asia“, precisó Thekkudan sobre los próximos encuentros, que tendrán lugar en Nepal y Bangladés. El objetivo final es la creación de un boletín que vaya midiendo los avances de cada país.
SI bien la reunión de la consulta no ofreció respuestas inmediatas, sí marcó un punto de inflexión: el reconocimiento colectivo de que el sistema no está funcionando. Porque en el sur de Asia, como advirtió Thekkudan, la justicia no solo llega tarde: “muchas veces no llega en absoluto”.